Evo Morales y su situación legal: dos órdenes de captura y el contexto de su libertad
Evo Morales, ex presidente de Bolivia, se encuentra en el centro de una controversia judicial, enfrentando acusaciones de trata y tráfico de personas, así como terrorismo y alzamiento armado. A pesar de las órdenes de captura emitidas, la Policía no ha podido ejecutarlas, argumentando la falta de condiciones adecuadas para evitar un posible enfrentamiento con sus partidarios, que mantienen un fuerte control en su bastión político en el Trópico de Cochabamba.
Desde fines de 2024, Morales reside en Lauca Ñ, donde ha continuado su discurso crítico hacia los gobiernos actuales, liderados por Luis Arce y Rodrigo Paz. La Fiscalía de Tarija abrió una investigación en septiembre de 2024 por un caso relacionado con una menor de edad, lo que llevó a la emisión de la primera orden de captura. En octubre de 2025, se formalizó la acusación y en mayo de 2026, un tribunal declaró a Morales en rebeldía tras su inasistencia a la audiencia inicial.
Sus abogados argumentan que las acusaciones son de carácter político, afirmando que el proceso por trata de personas se reactivó con el objetivo de impedir su candidatura en las elecciones de 2025. En este sentido, Morales sostiene que no hay una víctima en el caso, basándose en declaraciones que indican que la mujer involucrada no se considera agraviada.
Adicionalmente, el ex presidente enfrenta otro proceso relacionado con los conflictos sociales de mayo y junio de 2025, donde se produjeron protestas que exigían la renuncia de Paz, resultando en la muerte de 16 personas y pérdidas económicas significativas. La Fiscalía, a raíz de denuncias de líderes cívicos de Santa Cruz, emitió una segunda orden contra Morales, acusándolo de terrorismo.
A través de sus discursos, Morales ha instado a sus seguidores a mantener las movilizaciones y a considerar que el presidente Paz tiene dos alternativas: optar por la militarización o convocar a elecciones en un plazo breve. Sin embargo, la ejecución de las órdenes de captura ha sido compleja; en varias ocasiones, la Policía se ha visto obligada a retirarse de la zona ante las amenazas de sus seguidores.
Recientemente, un incidente en el que Morales dialogó con policías en un control, generó un proceso disciplinario contra los agentes, evidenciando la fragilidad del control estatal en la región. Mientras tanto, el comandante de la Policía ha mencionado que la captura de Morales no es prioritaria, contrastando con las declaraciones del ministro de Gobierno, quien insiste en que detener al exmandatario es un objetivo fundamental.