Fencomin se opone a la extensión del estado de excepción y anuncia un ampliado nacional
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) ha expresado su enérgico desacuerdo con la decisión de ampliar el estado de excepción, que fue establecido mediante el Decreto Supremo 5707. A través de su presidente, Josué Richard Caricari, la organización ha calificado esta medida como una forma de represión que limita la capacidad de la ciudadanía para reclamar soluciones efectivas ante situaciones críticas.
Caricari destacó que en los últimos tres meses, el gobierno emitió varios decretos que han trasladado la carga económica a la población sin ofrecer alternativas viables. Según el dirigente, el DS 5707 actúa como un mecanismo que restringe la libertad de expresión y silencia las protestas legítimas de las personas.
Condiciones económicas críticas en el país
La Federación también hizo énfasis en el deterioro de las condiciones de vida de la sociedad, resaltando el aumento en el costo de la canasta familiar, la quiebra de numerosos pequeños negocios y el incremento de precios de insumos debido a la inestabilidad del dólar. Estas situaciones resultan alarmantes y afectan severamente a los sectores más vulnerables.
Asimismo, se criticó la aprobación del decreto por parte de los parlamentarios, quienes no consideraron las repercusiones sociales de sus decisiones. Caricari sugirió que los legisladores deberían disminuir sus salarios como un acto de solidaridad con la población afectada.
La organización cooperativista también ha exigido que la Asamblea Legislativa aborde los contratos mineros que han estado inactivos durante 15 años, demandando las garantías necesarias para reactivar el trabajo en el sector y fomentar el crecimiento económico del país.
En un análisis más amplio, Fencomin advirtió sobre los riesgos asociados a la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalando que podría estar llevando a una privatización encubierta de recursos fundamentales, como las empresas de servicios estatales, incluyendo YPFB. También se expresó preocupación por el aumento de precios en servicios esenciales como agua, electricidad y gas.
Finalmente, la dirigencia reafirmó el derecho constitucional a la protesta y aseguró que las futuras decisiones y acciones que tome la minería cooperativizada serán discutidas de manera democrática en el próximo ampliado nacional de federaciones.