Fernando Cerimedo enfrenta posible traslado a Chonchocoro
Fernando Cerimedo, un consultor político argentino, ha recibido una segunda orden de detención preventiva por presunto enriquecimiento ilícito, que lo llevaría al penal de Chonchocoro en La Paz. Sin embargo, por el momento seguirá en Palmasola, Santa Cruz, mientras se evalúan los recursos legales presentados por su defensa.
El juez Douglas Borda, luego de una extensa audiencia virtual de seis horas, dictó que Cerimedo debe cumplir seis meses en el penal paceño. Esta medida se suma a otra causa en la que se ve implicado por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, un delito que habría ocurrido el 17 de agosto, donde se le acusa de haber contratado a sicarios.
Además, Cerimedo enfrenta una tercera acusación relacionada con violencia familiar y doméstica. Su abogado, Arturo Yáñez, explicó que, por lo general, los detenidos permanecen en el penal donde iniciaron su detención, salvo que se realice un trámite de traslado o solicitud especial.
El equipo legal de Cerimedo ha expresado su intención de presentar recursos para evitar su traslado a Chonchocoro, argumentando que sufre problemas de salud. Ernesto Giraldes, también parte de la defensa, sostuvo que la Fiscalía no ha logrado demostrar cómo su cliente habría perjudicado al Estado y alertó sobre el riesgo a su vida en el nuevo penal.
Durante la audiencia, Cerimedo defendió su inocencia al afirmar que las acusaciones de enriquecimiento ilícito carecen de fundamento. Aseguró que el dinero encontrado en su hogar era para gastos relacionados con su familia y su intención de establecerse en Bolivia, y que sus ingresos provienen de empresas en Argentina, Chile y Estados Unidos, superando lo que habría ingresado al país.
Apoyo político y judicial a la Fiscalía
La bancada de la Alianza Libre en la Cámara de Diputados y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, han expresado su respaldo al Ministerio Público en la investigación contra Cerimedo. Asimismo, el Gobierno ha reiterado su compromiso de no interferir en el proceso judicial, reafirmando la independencia de la justicia.
"La Policía Boliviana tiene la obligación de coadyuvar con las investigaciones, pero no puede presionar, condicionar ni interferir en las decisiones de los fiscales"
El vocero del Gobierno, José Luis Gálvez, aseguró que no existe ninguna intención de influir en el caso. Esta declaración se produce tras advertencias del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a quienes intenten obstruir las investigaciones.