Investigación sobre jueces desvisados en Estados Unidos
Manuel Baptista, quien ocupa el cargo de decano del Consejo de la Magistratura, ha hecho un llamado a la Sala Plena de dicha institución para que inicie una investigación preliminar sobre un grupo de bolivianos desvisados por el Gobierno de Estados Unidos. Este grupo incluye a jueces y exjueces, situación que ha generado preocupación en el ámbito judicial nacional.
El 23 de octubre, Baptista comunicó que había enviado una solicitud a la Sala Plena para que se lleve a cabo un requerimiento de antecedentes oficiales. Esta acción busca establecer un control y fiscalización sobre las autoridades judiciales mencionadas en las listas proporcionadas por el Gobierno norteamericano.
En su nota, el decano expresa la necesidad urgente de que se tomen decisiones institucionales que faciliten el aclarado de las restricciones impuestas por Estados Unidos. En estas listas, se encuentran tanto autoridades en funciones como exjueces del Órgano Judicial boliviano.
Baptista enfatiza que la gravedad de esta situación radica en las acusaciones que vinculan a estas personas con actividades de corrupción, narcotráfico y otros delitos que pueden afectar la integridad del sistema judicial. Por ello, considera esencial implementar acciones inmediatas dentro del ámbito judicial boliviano.
En declaraciones a CORREO DEL SUR, el decano solicitó que se gestione información oficial desde la embajada estadounidense, a través de la Cancillería, para esclarecer los supuestos vínculos de los mencionados con actividades ilícitas.
El 29 de septiembre, tras la divulgación de la primera lista de ciudadanos bolivianos desvisados, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, había instruido a sus representantes en todo el país a realizar una evaluación técnica y administrativa sobre los servidores judiciales que se encuentran en esta situación.
Hasta la fecha, no se ha recibido información sobre las acciones que tomará la institución en relación a los jueces y exjueces señalados en las listas, lo que deja en incertidumbre el futuro de estos funcionarios en el contexto judicial boliviano.