La celebración de la independencia boliviana en tiempos de cambio
Este jueves, Bolivia celebra 201 años de su independencia con una serie de reformas estructurales en el gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien ha cumplido nueve meses en el cargo. La celebración central se lleva a cabo en Sucre, la capital constitucional del país, donde se encuentra la emblemática Casa de la Libertad, el lugar donde se proclamó la independencia en 1825.
En el marco de estos festejos, se realizará una sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el presidente Paz ofrecerá un discurso y presentará un balance sobre su gestión hasta la fecha, que coincide con el cumplimiento de 8 de agosto.
La celebración se ve marcada por la reciente decisión de reducir el número de ministerios de 14 a 12, eliminando las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía. Este ajuste busca un Estado más eficiente y con menos burocracia, según el vocero presidencial José Luis Gálvez, que justifica la medida en la necesidad de austeridad frente a la crisis económica que afecta al país desde 2023.
Sin embargo, la reacción de algunos sectores ha sido negativa. Los operadores del turismo han expresado su descontento, argumentando que la sustitución del ministerio por una agencia nacional es un retroceso, y defensores de las artes critican al gobierno por no considerar las culturas en esta nueva estructura.
Adicionalmente, el presidente Paz ha realizado cambios en otros ministerios, incluyendo Relaciones Exteriores y la Presidencia. José Luis Lupo, quien hasta ayer fue ministro de la Presidencia, fue propuesto como embajador ante la OEA. Lupo había sido candidato a la Vicepresidencia por el empresario Samuel Doria Medina, quien el pasado domingo anunció su decisión de retirar su apoyo al gobierno, manifestando preocupaciones sobre la corrupción y la falta de reformas integrales.
La relación con Doria Medina ha llevado a interrogantes sobre la capacidad del gobierno para obtener la aprobación legislativa de reformas críticas en sectores como hidrocarburos y energía. Además, se requiere la validación de un acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares, que busca estabilizar la economía y que también deberá ser respaldado por el directorio del organismo internacional.
Este acuerdo representa el regreso del FMI a Bolivia después de dos décadas de distanciamiento, y se enmarca en un contexto de reformas destinadas a recuperar la economía, que implica cambios en las subvenciones y ajustes en el régimen cambiario, que ha enfrentado desafíos significativos desde el inicio de la crisis económica.