La complejidad del Estado de excepción en Bolivia
La discusión acerca de la extensión del Estado de excepción en Bolivia surge en un contexto complicado, caracterizado por conflictos institucionales y cambios en la dirección de la Policía Nacional. Sin embargo, la implementación de esta medida se enfrenta a la cruda realidad del país, donde la vigencia de la norma ya ha sido vulnerada por diversos sectores.
El analista Franklin Pareja, en diálogo con Correo del Sur Radio, expresa que cualquier Estado necesita dos elementos fundamentales para garantizar el cumplimiento de la ley: una sociedad que valore y respete las normas y una capacidad coercitiva sólida por parte del gobierno. En el caso de Bolivia, estos dos aspectos son deficientes.
Pareja señala que, desafortunadamente, no existe en el país una cultura de respeto a las normas, y el Estado carece de la fuerza necesaria para hacerlas cumplir. Esto lleva a la conclusión de que "las leyes no se cumplen ni de a buenas ni de a malas".
La fragilidad institucional quedó evidenciada ante un prolongado conflicto de 53 días que involucró a sectores radicales. Según Pareja, estas movilizaciones fracasaron al no reflejar el sentir de la mayoría de la población boliviana, quedando sin respaldo político sustancial.
A pesar de la tardía reacción del gobierno, que resultó en pérdidas significativas, la idea de derrocar a un presidente no se ha arraigado en la cultura general de la sociedad boliviana. Sin embargo, el analista advierte que la conflictividad podría cambiar de eje, moviéndose de disputas políticas a reclamos por condiciones económicas cada vez más precarias.
La inflación y la disminución del poder adquisitivo han generado un rápido empobrecimiento de la población. Ante esta situación, la eliminación total de los subsidios a los hidrocarburos se plantea como una medida drástica que podría elevar significativamente los precios de los combustibles, desencadenando así una nueva ola de descontento social.
Con este panorama de crisis económica y la percepción de pérdida de autoridad moral por parte del gobierno, Pareja sostiene que intentar restablecer el orden mediante un Estado de excepción se presenta como una estrategia inviable e ineficaz para abordar los problemas de subsistencia que enfrenta la población.