La Gobernación enfrenta presiones tras el periodo de adecuación

Tras un centenar de días de adaptación, la Gobernación de Tarija se ve presionada por diversas obligaciones de gestión, incluyendo el Prosol, las canastas para adultos mayores y el posible débito automático del bono de vacunación. Hasta ahora, los compromisos asumidos en Sucre han avanzado poco y sigue existiendo incertidumbre sobre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Recientemente, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) demandó un calendario claro para el pago del Prosol 2025. Los campesinos también exigen garantías para el suministro de combustible en sus actividades agrícolas, preocupados por el aumento del precio del diésel y por la falta de información sobre los "créditos blandos" prometidos para el sector.

En respuesta, la gobernadora María René Soruco se acercó a las oficinas de la FSUCCT en el Mercado Campesino para atender las inquietudes y anunció que los pagos comenzarán pronto. "El pago empieza ya. Estamos con todo el equipo. El gobernador dijo que a partir del 20 de agosto comenzaremos", aseguró la gobernadora, destacando que 32 comunidades serán atendidas.

Sin embargo, Soruco advirtió que algunas comunidades enfrentan problemas legales que deben resolverse y que existe una deuda acumulada de gestiones anteriores. "No se olviden que el Prosol tiene una deuda de gestiones pasadas. No ha sido por mala voluntad; hemos avanzado en la identificación de las comunidades que deben recibir el apoyo", puntualizó.

El descontento por la demora en los pagos también afecta a los adultos mayores, quienes han aceptado recibir solo tres canastas este año, una reducción de lo que estipula la ley. Los representantes de este sector han manifestado su intención de fiscalizar los contenidos de estas canastas.

En el ámbito de la salud, los trabajadores siguen esperando pagos de bonos adeudados. En este contexto, el Ministerio de Salud ha propuesto un débito automático para cumplir con estas obligaciones, aunque Soruco cuestiona esta medida, argumentando que los acuerdos con el Gobierno se refieren a compromisos futuros y no a deudas pasadas.

Durante una conferencia de prensa, Soruco también hizo un llamado a la ministra de Salud, enfatizando la necesidad de respetar los compromisos políticos y la importancia de avanzar hacia una autonomía fiscal, recordando que la reingeniería gubernamental está en marcha. La gobernadora mencionó que los débitos automáticos podrían representar aproximadamente 14 millones de bolivianos, cifra que califica como considerable para su gestión.

Por otra parte, Soruco anunció la incorporación de Esteban Ortuño, un abogado especializado en autonomías, para liderar una nueva Dirección que se enfocará en el seguimiento de los acuerdos y en la lucha por una mayor autonomía departamental. La gobernadora resaltó la necesidad de recuperar el control sobre los recursos del departamento, lo que implica una revisión de hasta 20 leyes que limitan la autonomía fiscal de las regiones.

Finalmente, la gobernadora reafirmó el compromiso de trabajar en una readecuación de los decretos para abordar la deuda con el FNDR, sugiriendo que se establecerá un convenio para la reprogramación de las obligaciones. El Ministro de Economía, Gabriel Espinoza, ha prometido avanzar en este asunto, aunque su continuidad en el cargo está en duda.