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agosto 11, 2026 2 min de lectura
Economía

Movilidad y rotación en el gabinete de Rodrigo Paz

Un estudio realizado por la periodista Gabriela Ichaso Elcuaz, sobre los decretos oficiales de Bolivia, evidencia una alta rotación dentro del gabinete del presidente Rodrigo Paz. Este fenómeno se manifiesta cuando los ministros asumen roles temporales en otras carteras durante las ausencias de sus titulares, creando una dinámica de suplencias cruzadas.

Entre el 8 de noviembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026, se emitieron 185 decretos, de los cuales 71, es decir, casi el 40%, estaban relacionados con designaciones interinas. Este patrón sugiere que un grupo reducido de ministros está asumiendo de manera recurrente roles en diversas carteras, lo que podría tener repercusiones en la estabilidad y continuidad de la gestión gubernamental.

Uno de los casos más destacados es el de Fernando Aramayo, exministro de Relaciones Exteriores, quien documentó 63 días en misiones internacionales en los primeros meses de la administración de Paz. Sus viajes, que abarcaron países como Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur, están vinculados a temas de cooperación internacional y seguridad hemisférica, entre otros.

Además de sus desplazamientos, Aramayo ha sido nombrado interino en carteras como Economía y Finanzas, así como en Turismo. A pesar de la designación del viceministro Héctor Huanca como nuevo canciller, Aramayo continuó desempeñando un papel relevante en los actos internacionales, lo que pone de relieve la centralización de funciones.

El análisis también menciona a otros ministros que frecuentemente ocupan roles de suplencia, como José Luis Lupo y Óscar Mario Justiniano, quienes han reemplazado a titulares en varias ocasiones, generando una estructura de gestión donde unos pocos se encargan de múltiples responsabilidades.

La revisión de los decretos no solo arroja luz sobre quiénes han viajado y cuánto tiempo han estado fuera, sino que también plantea la necesidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional audite los gastos asociados a estas misiones diplomáticas y evalúe los resultados obtenidos en términos de beneficios concretos para el país.

Asimismo, la investigación resalta un dilema: a pesar del aumento en la actividad internacional de los ministros, persisten problemas en la atención a los ciudadanos bolivianos en el exterior. Se cuestiona, entonces, la eficiencia de esta alta movilidad en la gestión pública.

Aunque la normativa permite designar interinos ante ausencias, el análisis de Ichaso plantea que la frecuencia de estas prácticas ha convertido las suplencias en algo habitual, lo que podría comprometer la hoja de ruta del gobierno. En este contexto, se suscita una interrogante fundamental: ¿qué costos está asumiendo el Estado por esta intensa agenda internacional y cuáles son los beneficios tangibles que retorna al país?

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