Paro indefinido del Magisterio en rechazo a la descentralización educativa
Las gobernaciones han manifestado su disposición al diálogo respecto a la asunción de la gestión del personal en los Institutos Técnicos Superiores. Sin embargo, el Magisterio alerta sobre las complicaciones que esto podría acarrear, tomando como ejemplo el caos en la administración del sector salud que enfrentan los SEDES.
El Magisterio Urbano ha intensificado sus demandas, mientras que el Ministerio de Educación se distancia del conflicto, señalando que no existe un documento oficial que respalde esta transferencia. Las gobernaciones, por su parte, aclaran que este tema no ha sido abordado en la mesa de diálogo del 50-50, aunque se muestran receptivas ante la inclusión de recursos para su gestión.
Ayer, 31 Federaciones del Magisterio en todo el país salieron a las calles en señal de rechazo a la transferencia, que, aunque no está formalizada, ha sido mencionada por el ministro de Educación, Erik Sanjinés, quien lamentó que se interrumpa la educación de niños y jóvenes en los niveles inicial, primario y secundario debido a esta situación.
El dirigente Lorenzo Chávez indicó que las gobernaciones ya enfrentan dificultades en sus competencias actuales y no están en condiciones de asumir nuevas responsabilidades. La reacción del Magisterio refleja una unidad firme: "si tocan a uno, tocan a todos". Esta postura está fundamentada en la desconfianza hacia el Ministerio de Educación, que en mayo anterior ya había cedido un bono económico que no satisfizo las demandas salariales del sector.
Nicanor Gaite Galeán, dirigente en Tarija, subrayó que existe preocupación por el alineamiento del Gobierno con las pautas del FMI, que proponen la concertación en educación y la integración público-privada, lo que podría amenazar la gratuidad educativa. La posibilidad de que se introduzcan nuevos pagos para acceder a ciertos niveles educativos es un motivo de alerta entre los educadores.
Las dudas sobre el mecanismo de transferencia podrían llevar esta situación a un conflicto legal, ya que podría infringir normas establecidas en la Ley Avelino Siñani y la Constitución Política del Estado. Tanto el Gobierno como las Gobernaciones y el Magisterio reconocen que, si se lleva a cabo la transferencia, los maestros seguirían recibiendo su salario del Tesoro General de la Nación, aunque a través de la gobernación.
El modelo de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) se menciona como un ejemplo de lo que podría suceder en el ámbito educativo. Aunque este organismo hace de intermediario entre el Ministerio y las Gobernaciones, ha enfrentado diversas dificultades, incluyendo la contratación directa de personal por parte del Gobierno, lo que genera incertidumbre en la administración educativa si se implementara un sistema similar.
Recientemente, la gobernadora suplente de Santa Cruz, Paola Aguirre, y el ministro de Educación, Ricardo Sanjines, han comenzado a coordinar una agenda para ampliar la participación de las gobernaciones en la gestión educativa, aunque inicialmente había sido rechazada. Aguirre ha propuesto que los gobiernos departamentales tengan mayor poder en la toma de decisiones educativas, ajustadas a las necesidades regionales.
El ministro Sanjinés ha anunciado una próxima reunión en la Casa Grande del Pueblo, donde se discutirán temas relacionados con las gobernaciones y el Viceministerio de Autonomías, en un intento por avanzar en este diálogo sobre la administración educativa.