Propuesta legislativa busca resolver vacío legal en juicios de responsabilidades
La falta de una normativa que contemple la revisión de sentencias ha generado un estancamiento en los juicios de responsabilidades en el país. En respuesta a esta problemática, Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció que se ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el fin de establecer un procedimiento que garantice el derecho a la doble instancia, como lo exige la Constitución.
Según Saucedo, la propuesta legislativa consiste en la reorganización de la Sala Plena del TSJ, dividiendo las diferentes etapas del proceso judicial. Esto implica que algunos miembros se encargarían de la fase preliminar, mientras que otros supervisarían el juzgamiento y la sentencia, y un grupo adicional se dedicaría a resolver las apelaciones.
La propuesta, que consta de solo tres artículos, ya está siendo debatida en el Senado. Este vacío legal se advirtió en un análisis jurídico publicado recientemente, donde se mencionó que la Sentencia Constitucional 0075/2024 había eliminado de la Ley 044 la figura de la única instancia, ordenando a la Asamblea Legislativa que estableciera un mecanismo de recursos dentro de un plazo de seis meses, el cual ya ha vencido sin que se haya implementado ninguna solución.
La falta de un procedimiento que cumpla con lo estipulado por la sentencia constitucional genera serias dificultades para iniciar juicios de responsabilidades contra expresidentes y exvicepresidentes. Sin las garantías adecuadas, existe el riesgo de que cualquier sentencia que se emita pueda ser declarada nula, lo que podría acarrear responsabilidades a nivel internacional para el Estado boliviano.
Contexto del caso Hotel Las Américas
El caso se torna particularmente relevante debido a la acusación presentada por la bancada de Libre contra Evo Morales y Álvaro García Linera, relacionada con presuntos delitos ocurridos durante un operativo policial en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, que resultó en la muerte de tres extranjeros. En ese momento, el gobierno de Morales los acusó de formar parte de un grupo terrorista que planeaba un magnicidio y la separación de la región oriental del país.
El desarrollo de este caso ha cambiado con el tiempo, especialmente tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que el Estado boliviano incurrió en graves violaciones a los derechos humanos. Esto incluye ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, lo que ha llevado a una revisión del enfoque inicial de la investigación.
Por otro lado, el TSJ también ha sido informado sobre el inicio de la fase de acumulación de antecedentes por parte de la Fiscalía en relación a la denuncia presentada por varias víctimas del caso. La resolución emitida por el Ministerio Público contempla la investigación de 105 personas, aunque se han señalado 107 menciones debido a la repetición de algunos nombres. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia al excluir a figuras clave de la justicia que fueron mencionadas en la acusación original.
En conclusión, mientras la Fiscalía avanza en la investigación, el TSJ subraya que es imprescindible la aprobación de una ley que garantice la doble instancia para avanzar con los juicios de responsabilidades en cumplimiento de las exigencias constitucionales.