Reestructuración de empresas públicas avanza en Bolivia
El Gobierno de Bolivia está implementando un plan de reestructuración de empresas públicas, el cual incluye su reorganización y posible disolución. Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), anunció que se ha completado un diagnóstico exhaustivo de 66 entidades estatales, utilizando una metodología de evaluación internacional.
Este informe ha sido presentado para su análisis en la próxima reunión del Consejo Superior de la Empresa Pública (Coseep), donde se tomarán decisiones sobre el futuro de estas entidades. Durante la evaluación, se concluyó que el modelo estatal anterior no logró generar un proceso productivo sostenible y ha dejado al país en una situación desindustrializada.
Camacho indicó que el Gobierno ha engañado a la población sobre los resultados de los proyectos estatales, ya que la industrialización ha fracasado. Un grupo de 15 empresas públicas ha reportado pérdidas significativas, lo que pone de manifiesto la crisis financiera de estas instituciones.
El diagnóstico revela casos de baja productividad y grandes inversiones sin retorno, como es el caso de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que, tras una inversión de Bs 6.100 millones, opera solo al 14% de su capacidad. Del mismo modo, la azucarera San Buenaventura no supera el 40% de su funcionamiento debido a complicaciones normativas.
Adicionalmente, las revisiones han puesto en evidencia irregularidades administrativas y una infraestructura deficiente en diversas plantas que son gestionadas por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem). Muchas de las más de 100 plantas se han reducido a simples galpones, sin maquinaria, lo que solo sirve para simular una ejecución presupuestaria.
El análisis ha identificado también deudas fiscales no reportadas que ascienden a Bs 8.100 millones. En respuesta a esta situación de déficit, el Estado ha modificado su presupuesto para evitar la transferencia de 3.800 millones de bolivianos a estas entidades con problemas financieros.
El plan de ajuste contempla tres acciones posibles: la reorganización, la fusión o la disolución de las empresas que se consideren inviables. Las decisiones sobre el primer grupo de entidades se tomarán en la próxima sesión del Coseep. Tras su aprobación, los ministerios responsables tendrán un plazo de 15 días para implementar las acciones decididas, aunque se requerirá el respaldo de la Asamblea Legislativa para llevar a cabo estos cambios.