Reforma Constitucional: Un Cambio Controversial en la Gestión de Recursos y Justicia en Bolivia
El diputado Carlos Alarcón, de la agrupación Unidad, junto al presidente del Senado, Diego Ávila del PDC, han presentado un proyecto de reforma que pretende despojar a la Constitución Política del Estado (CPE) de 30 artículos que regulan principalmente áreas críticas como la justicia, el Ministerio Público, y el manejo de recursos naturales y económicos.
Claudia Herbas, diputada de Unidad Popular, ha denunciado que esta propuesta es un intento de "desmantelar" el Estado Plurinacional, alegando que se hace sin un respaldo legítimo de la ciudadanía. Su posición destaca los riesgos que conlleva la modificación de principios fundamentales que han sido parte de la estructura estatal.
El proyecto incluye la creación de un nuevo artículo que prohíbe cualquier tipo de expropiación o nacionalización de inversiones, además de ofrecer mecanismos de resolución de disputas que pueden incluir arbitrajes internacionales. Esta medida podría cambiar radicalmente la relación entre el Estado y las inversiones extranjeras, generando un clima de mayor incertidumbre en la población.
Artículos Propuestos para la Eliminación de la CPE
- Justicia: artículos 182, 183, 185, 187, 188, 194, 198, 199, 200, 201, 203
- Ministerio Público: artículos 227 y 228
- Economía: artículos 310, 319, 320
- Recursos Naturales: artículos 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359
- Hidrocarburos: artículos 361, 362, 363 y 367
- Otros: artículos 370, 373 y 378
Entre los artículos más relevantes que se eliminarían, se encuentran aquellos que garantizan la elección y mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como disposiciones que protegen los derechos sobre los recursos naturales y el papel de las empresas estatales en la gestión de hidrocarburos.
Expertos advierten que esta reforma podría no ser simplemente un cambio técnico menor, sino un desvío significativo en las reglas económicas y judiciales del país hacia una mayor flexibilidad legislativa. La eliminación de garantías constitucionales podría dejarlas sujetas a los vaivenes políticos de cada administración, lo que plantea serias interrogantes sobre el futuro del modelo económico y de justicia que se quiere para Bolivia.