Soboce apela a la Comunidad Andina para suspender el pago a Fancesa
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) ha formalizado una queja contra el Estado boliviano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA), pidiendo la paralización de la sentencia que le exige el pago de más de 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). Esta decisión responde a la denuncia de la empresa sobre un posible "quiebre de la seguridad jurídica" y "trato discriminatorio" según el marco de la Decisión 291.
Los ejecutivos de Soboce sostienen que esta acción busca corregir una serie de irregularidades legales que han enfrentado durante más de diez años en Bolivia. La solicitud de suspensión pretende detener el proceso de cobro hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) evalúe el caso y determine la responsabilidad del Estado en lo que se refiere a la competencia desleal.
Ricardo Barrientos, gerente nacional de Administración y Finanzas de Soboce, afirmó que el conflicto no se basa en la competencia desleal, sino en una deuda pendiente del Estado con la empresa que se remonta a hace 16 años. Barrientos expresó que la demanda se ha construido como un mecanismo de presión para forzar negociaciones sobre una expropiación anterior.
El ejecutivo también denunció irregularidades en el procedimiento judicial, mencionando que varios de sus recursos legales no fueron debidamente tramitados y que se les impidió una defensa efectiva. Según Barrientos, se han otorgado privilegios a Fancesa que no deberían existir para una sociedad anónima.
Hugo Gómez, asesor internacional de Soboce y expresidente del TJCAN, subrayó que las decisiones judiciales en Bolivia han vulnerado el principio de "trato nacional" y no han solicitado interpretaciones prejudiciales antes de la condena. Según Gómez, el derecho andino debe garantizar la igualdad en la competencia de las empresas.
Soboce confirmó que continuará con las acciones necesarias tanto en el ámbito nacional como internacional para proteger sus derechos. Barrientos concluyó advirtiendo que un Estado que favorece a empresas bolivianas en el ámbito judicial perjudica su imagen como un destino atractivo para inversiones extranjeras.