Zapatero busca que se excluyan sus actividades en Bolivia de la investigación Plus Ultra
José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue presidente del Gobierno de España, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que se impida la investigación de sus actividades en Bolivia en el marco del caso Plus Ultra. Esto se da tras la decisión del juez José Luis Calama de indagar sobre sus supuestos vínculos comerciales en el país andino, que incluyen el cobro de 200.000 euros por influir a favor de la Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce).
La defensa de Zapatero, liderada por el abogado Víctor Moreno Catena, argumenta que el informe policial que lo involucra ha permitido a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) llevar a cabo una investigación sin límites, lo que considera una violación a las garantías judiciales. En su impugnación, subrayan que la mera suposición de una red delictiva no justifica la ampliación de la causa.
Moreno Catena también sostiene que los ingresos obtenidos por Zapatero en Bolivia son legítimos y no están relacionados con la estructura delictiva que la UDEF ha atribuido a su actividad. El abogado enfatizó que la investigación se basa en suposiciones erróneas que infringen el principio de especialidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española.
La indagación se centra en las alegaciones de que Zapatero actuó en beneficio del Grupo Gloria, un conglomerado peruano, en su intento por influir en la administración boliviana para resolver un litigio que enfrenta a Soboce con la cementera Fancesa, a la que se le ordenó pagar 107 millones de dólares por competencia desleal. El informe de la UDEF alega que el expresidente español se comunicó con figuras clave del gobierno, como el presidente Luis Arce y otros ministros, para facilitar estos intereses.
La decisión del juez Calama de incluir los pagos realizados a Zapatero en la investigación ha generado controversia, dado que se argumenta que estos no fueron objeto de una fiscalización arbitraria. El juez ha considerado que estos elementos pueden revelar hechos que, aunque no se preveían inicialmente, podrían tener implicaciones delictivas. El futuro de este proceso dependerá de la decisión que tome la Audiencia Nacional respecto a la solicitud presentada por la defensa.