La protección de la autonomía judicial como pilar de la democracia
En una verdadera democracia, el resguardo de las instituciones no debe ser una preocupación exclusiva de especialistas, sino una responsabilidad cívica compartida. Comprender la importancia de la República implica reconocer que, sin instituciones robustas, la libertad, la división de poderes y la salvaguarda de los derechos resultan vulnerables.
La democracia pierde su esencia cuando las instituciones se convierten en meras formalidades, sometidas o restringidas por el poder político vigente. La situación se agrava aún más cuando estos organismos caen en manos de intereses personales, redes corruptas o actividades ilícitas. En tales casos, la democracia se convierte en un mero simulacro: mantiene su apariencia, pero carece de sustancia. Donde el poder es ejercido sin controles, la ley se transforma en un instrumento al servicio de conveniencias individuales.
Es crucial entender que demandar el respeto a los derechos ante el Estado no equivale a una postura partidaria ni a un alineamiento ideológico. Esta crítica ha sido utilizada históricamente para deslegitimar a quienes exigen un funcionamiento efectivo de las instituciones, así como la independencia de jueces y fiscales. Este tipo de tácticas busca socavar la vigilancia ciudadana y desvirtuar el propósito del Estado, que debe ser el servicio a la sociedad mediante una administración de justicia imparcial.
En este contexto, el papel del juez y del Poder Judicial se vuelve fundamental. Sin una justicia que opere con autonomía, no existe un verdadero límite al poder. Esta función se vuelve más crítica cuando ciertos sectores políticos utilizan la democracia como un medio para acceder al poder, para luego aprovecharlo en su beneficio personal, amparando prácticas corruptas y delictivas. Experiencias de países como Perú han demostrado cómo redes de poder pueden infiltrarse en las instituciones y socavar su integridad desde dentro.
Por ello, las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello Gilardi, en la apertura del año judicial, merecen ser apoyadas. Su demanda de respeto a la independencia judicial no solo defiende a la institución, sino que resguarda un interés público fundamental y reafirma el valor de la función jurisdiccional. Un Poder Judicial sólido, competente y comprometido con el bienestar del país es esencial para frenar los abusos de poder y evitar que la corrupción se normalice como un método de gobierno.
Hoy, ante la creciente influencia del crimen organizado y la corrupción en el Estado, la independencia judicial se convierte en una necesidad ineludible. Si esta barrera se debilita, no solo se afecta a una institución, sino que se pone en riesgo a toda la ciudadanía. Por tal razón, la defensa del Poder Judicial frente a las presiones del Ejecutivo, Legislativo y otros grupos de poder es un deber republicano. Esta es, ante todo, una acción concreta para proteger la democracia antes de que los estragos sean irreversibles.