La Planificación Estatal: Un Enfoque Descentralizado y Participativo
Según la Constitución Política del Estado (CPE), se establece que el Estado debe garantizar una entidad de planificación participativa, que involucre a representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil (art. 317). Esta disposición resalta la importancia de un enfoque participativo en la planificación estatal y la necesidad de contar con una entidad que cumpla con esta función.
El concepto de Estado va más allá del Gobierno central, abarcando un conjunto de gobiernos e instituciones dentro de Bolivia, como señalan diversos teóricos como G. O'Donnell y M. Weber. Así, cuando una disposición no especifica un gobierno en particular, debe interpretarse a través de la distribución de competencias. En este caso, las cuatro escalas de gobierno en Bolivia tienen asignadas competencias en materia de planificación (CPE, arts. 298.I.22, 300.I.35, 302.I.42 y 304.I.15). Por lo tanto, todos los niveles de gobierno deben tener su propia entidad responsable de la planificación.
Por otro lado, aunque se podría pensar que esta entidad debe ser un ministerio, la Constitución exige que incluya representantes de diferentes sectores. Para lograr esto, es esencial que la entidad cuente con un directorio que permita la participación de diversas instituciones. Un ejemplo de una entidad con un directorio participativo es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La intención de la Asamblea Constituyente, al establecer este mandato, parece radicar en la búsqueda de eficacia en la planificación. Al estar la planificación dentro de la estructura ejecutiva de un gobierno, existe el riesgo de que se prioricen funciones administrativas antes que la planificación efectiva. Así, el directorio de la nueva entidad debería estar integrado por representantes de los cuatro órganos del Gobierno, incluyendo al presidente y vicepresidente del Estado, así como los presidentes de las cámaras legislativas y del Órgano Judicial.
Además, es fundamental que la sociedad civil esté representada en este directorio. Esto debería incluir a los máximos representantes de organizaciones indígenas, campesinas y juntas vecinales, así como a grupos que representan a poblaciones vulnerables, como niños, adolescentes y personas con discapacidad. Sin embargo, no se debería incluir a representantes de organizaciones funcionales dedicadas a intereses económicos específicos.
El directorio debería ser presidido por el presidente del Estado, o por el vicepresidente en su ausencia, dado que ambos forman parte del Órgano Ejecutivo. En un contexto de crisis financiera que exige austeridad, se sugiere la creación de una única entidad descentralizada que abarque las áreas de estadísticas, planificación y evaluación, bajo una dirección ejecutiva y con tres reparticiones que se encarguen de cada una de estas funciones.
Finalmente, cada gobierno autónomo del país debería establecer su propio instituto de planificación, estadísticas y evaluación, adaptándose a su capacidad financiera, mientras que los gobiernos indígenas tienen el derecho a definir sus propias modalidades de organización en este ámbito.