Censura al Ministro Espinoza por Inasistencia a la Interpelación
En una sesión celebrada el martes por la tarde, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la censura del ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien no estuvo presente en la interpelación que se había programado para ese día.
El presidente nato de la ALP, Edmand Lara, anunció la decisión al mencionar que, tras recibir el informe correspondiente y alcanzar el voto de dos tercios, se determinó la censura del ministro, y se enviará la resolución al Ejecutivo con los argumentos expuestos.
De los 129 miembros del Legislativo, 91 apoyaron la censura, mientras que 34 optaron por una moción de orden del día y 4 se abstuvieron de votar.
Durante la votación, se vivió un momento de tensión cuando Diego Ávila, presidente del Senado, argumentó que se debía considerar a todos los miembros de la Asamblea para la votación, como lo establece la Constitución. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el vicepresidente Lara, quien sostuvo que solo debían contar los legisladores presentes en el hemiciclo.
Desde la bancada del partido Libre, se respaldó la censura, señalando que el ministro debería haber asistido a la interpelación. Jaime Aramayo, diputado de este partido, afirmó que "el pueblo boliviano necesita un cambio de timón" y que los ministros deben responder a las exigencias de sus cargos.
Por otro lado, los legisladores del partido Autonomía para Bolivia – Súmate (APB-Súmate) manifestaron su desacuerdo con la censura, argumentando que Espinoza debería proporcionar explicaciones directamente en el pleno.
Antes de su inasistencia, Espinoza había enviado una carta al pleno solicitando la reprogramación de la interpelación y justificando su falta por un viaje a Santa Cruz relacionado con la crisis de abastecimiento de combustibles, así como un viaje inminente a Brasil.
Pese a sus argumentos, la mayoría de los legisladores cuestionaron su ausencia, especialmente en un contexto donde enfrenta serias acusaciones por la supuesta compra irregular de un vehículo, la cual estaba acompañada de documentos notariales que no correspondían al valor real de la transacción.