Alcaldes bolivianos presentan agenda de prioridades al Gobierno
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, anunció que en la reunión convocada para este jueves con el presidente Rodrigo Paz, la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia presentará una agenda con seis puntos esenciales, enfocados en las dificultades económicas que atraviesan las alcaldías en el país.
Uno de los principales objetivos de esta agenda es la implementación del Plan 50-50, que propone una nueva distribución de los recursos económicos entre el Gobierno central y las alcaldías. Actualmente, el reparto es de un 75% para el Gobierno, un 20% para las alcaldías y un 5% para las universidades, mientras que con la nueva propuesta se buscaría que el 40% corresponda a las alcaldías y el 10% a las universidades.
Torres también mencionó que otro de los puntos destacados es la exigencia de la devolución del 12% de los recursos municipales que han sido retenidos desde 2016. Este dinero permanece en el Banco Central de Bolivia y no se ha utilizado para los fines previstos, lo que ha generado preocupación entre los alcaldes.
Además, se solicitará la abrogación del Decreto Supremo 5676, el cual se considera perjudicial para los intereses de los 335 municipios del país. Torres expresó que este decreto atenta contra la autonomía y las necesidades de los gobiernos locales.
La renegociación y refinanciamiento de las deudas municipales con el sector público también será parte de la agenda. Torres aclaró que esto no significa negarse a pagar, sino buscar plazos más amplios para las obligaciones financieras, de modo que no se afecten tanto los recursos destinados a la inversión en infraestructura y servicios.
Otro tema importante será la devolución progresiva de competencias asumidas por los municipios, las cuales, según el alcalde, deberían ser financiadas por el Gobierno central. Queda claro que si bien son leyes necesarias, es responsabilidad del Estado nacional cubrir los costos que estas implican.
En el caso de Tarija, Torres compartió que la alcaldía maneja un presupuesto cercano a los 600 millones de bolivianos, de los cuales cerca de 150 millones son destinados a cubrir obligaciones del Gobierno central, limitando así la capacidad de los municipios para invertir en infraestructura y servicios básicos.
Finalmente, se sugiere la creación de un fondo social de emergencia para fomentar el empleo, a través de proyectos que requieran mayor cantidad de mano de obra, utilizando parte de los recursos provenientes de un crédito aprobado con el Fondo Monetario Internacional por 3.500 millones de dólares. Torres concluyó afirmando que los municipios llegarán unidos a la reunión y esperan que sus propuestas se traduzcan en decisiones concretas.