FAM solicita derogar el decreto sobre el precio del diésel

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) ha hecho un llamado al Gobierno para que se anule el Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de 18 bolivianos por litro para el diésel destinado a grandes consumidores. Esta petición se produce en medio de un contexto donde el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostiene que esta norma es un requisito impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante una reunión entre el Gobierno y representantes municipales, Aramayo explicó que este decreto responde a las condiciones del FMI respecto a la liberación de los precios de los hidrocarburos, enfatizando que el Estado no puede continuar financiamiento que ha estado marcado por la corrupción.

El presidente de la FAM, Johnny Torres, planteó la derogación del decreto como uno de los seis puntos en la agenda municipal. "Por unanimidad, pedimos que se elimine la imposición de 18 bolivianos por litro a los GRACOs", afirmó ante el presidente Rodrigo Paz.

Este reclamo de la FAM se suma a las demandas de varios sectores productivos que temen que el aumento del precio del diésel eleve los costos de producción, lo que perjudicaría a los consumidores finales. Productores de Santa Cruz y otras regiones han fijado como plazo hasta el domingo para la derogación, advirtiendo que, de no cumplirse, convocarán a la Asamblea de la Cruceñidad para discutir acciones a seguir.

En el mismo encuentro, Aramayo resaltó la situación de "asfixia fiscal" que enfrenta el país y sugirió que el debate sobre las autonomías debería incluir aspectos de sostenibilidad fiscal, revisión de competencias y una mayor eficiencia en la distribución de los recursos. Asimismo, señaló que el tema del 50/50 debe ir más allá de la simple repartición, buscando también formas de generar riqueza: "No podemos limitarnos a distribuir pobreza".