Alcaldías enfrentan crisis por el alto precio del diésel
Los municipios tarijeños, incluyendo el de Cercado, han decidido no pagar el litro de diésel a 18 bolivianos, como lo estipula el Decreto Supremo 5676 para grandes consumidores, debido a limitaciones en su presupuesto. Esta situación ha llevado a que funcionarios de diversas áreas deban abastecerse de combustible en las estaciones de servicio a un precio de 9,80 bolivianos.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, anunció que todas las unidades que operan equipos pesados y vehículos oficiales deben hacer fila para adquirir el combustible a un precio más bajo, ya que la municipalidad no cuenta con los fondos necesarios para comprar directamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Torres, quien también preside la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, indicó que varios gobiernos autónomos municipales se han declarado en emergencia por la falta de recursos para poder adquirir diésel a 18 bolivianos, dado que esto comprometería sus ya limitados presupuestos operativos anuales (POA).
La situación fue respaldada por el alcalde de Yunchará, Pascual Díaz, quien mencionó que los municipios rurales han tenido que detener el uso de palas cargadoras, volquetas y otros equipos pesados que son cruciales para el mantenimiento de caminos y la producción agrícola, debido a que no pueden afrontar el costo del combustible.
Fernando Romero, secretario de Economía y Finanzas Públicas de la Gobernación de Tarija, explicó que ya se han establecido contratos y convenios con estaciones de servicio para adquirir diésel a 9,80 bolivianos, garantizando suministro hasta el final de la gestión 2026 para los vehículos del gobierno central.
La situación ha generado descontento entre los movimientos campesinos, quienes han visto una disminución en el apoyo institucional para sus actividades agrícolas. Exigen la derogación del Decreto 5676, que además limita la compra de diésel a solo 120 litros mensuales, lo que consideran insuficiente para su labor.
A pesar de las presiones y las amenazas de bloqueos por parte de varios sectores productivos, desde el Gobierno nacional se ha descartado la posibilidad de anular la normativa polémica. Sebastián Daroca, presidente de YPFB, afirmó que el gobierno mantendrá su postura, aunque se muestra abierto a la posibilidad de "mejorar" el decreto vigente.