Crítica a la nueva intervención de YPFB: un análisis profundo
El miércoles, el gobierno boliviano promulgó el Decreto Supremo 5697, que autoriza una intervención en YPFB por un período inicial de 180 días, con posibilidad de extenderse una sola vez por 90 días adicionales. Esta medida no implica la suspensión de la empresa ni altera su naturaleza jurídica, y se formará una comisión interventora compuesta por cinco miembros de distintas carteras ministeriales, incluyendo Hidrocarburos y Economía, además del Viceministerio de Transparencia.
Durante una entrevista en el programa Antes de Media Noche de Televisión Andalucía, el analista en hidrocarburos Jaime Balanza cuestionó la naturaleza del decreto, afirmando que "eso es cualquier cosa menos una intervención" en el sentido jurídico que debería tener. Balanza destacó que YPFB opera bajo la normativa de la Constitución Política del Estado y diversas leyes que regulan el sector.
La intervención: un concepto jurídico mal interpretado.
Balanza explicó que la intervención adecuada de servicios públicos regulados, como las empresas de agua o electricidad, requiere de una resolución administrativa del ente regulador, en este caso, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Aseguró que una intervención debería estar motivada por la necesidad de restaurar un servicio o corregir desviaciones significativas que pongan en riesgo la continuidad del mismo.
El analista también mencionó que las intervenciones pueden ser técnicas, preventivas o por caducidad. En este caso, opinó que la intervención carece de un plan claro, lo que podría llevar a una intervención más política que técnica, lo que podría comprometer la institucionalidad de YPFB.
Desde el ámbito político, el asambleísta Mario Cavero respaldó la intervención, argumentando que era necesaria para abordar problemas de corrupción y mala gestión que afectan la economía del país. Sin embargo, también expresó preocupación por la falta de transparencia y la necesidad de conocer quién liderará el proceso de intervención.
Por su parte, Jesús Gira, presidente del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija, subrayó que la intervención no debe ser un mero trámite, sino una oportunidad para limpiar la empresa de posibles irregularidades. Gira enfatizó la importancia de garantizar un abastecimiento adecuado de combustibles y la necesidad de reducir los precios del diésel.