Consejeros del Consejo de la Magistratura niegan conocer denuncia en su contra
Recientemente, ha circulado en las redes sociales una denuncia que alega un juicio de responsabilidades contra los consejeros del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, Manuel Baptista y Paul Araoz. Se les acusa de haber cometido una supuesta omisión al no realizar la convocatoria pública para la selección de directores en la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) y en la Escuela de Jueces del Estado (EJE). Sin embargo, desde el Consejo afirman que no han recibido notificación oficial de tal denuncia por parte de la Cámara de Diputados, que es la que debe evaluar si admite o rechaza el caso.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Marcelo Pérez Ramos y se hizo pública a través de las redes sociales. Se alega que los consejeros han incurrido en una omisión dolosa por su falta de acción en la selección de postulantes a los cargos de dirección en la DGAF y la EJE. A pesar de esto, el Consejo de la Magistratura aclara que la entrada de la denuncia en la Cámara Baja no implica la apertura de un juicio de responsabilidades, ya que esta debe analizar si el documento presenta los elementos necesarios para continuar con el proceso.
Competencias del Consejo y el Tribunal Supremo de Justicia
De acuerdo a la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, corresponde al Consejo de la Magistratura la responsabilidad de convocar y preseleccionar candidatos, mientras que la designación final de las autoridades en la DGAF y la EJE es facultad exclusiva de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esto indica que el Consejo actuó dentro de su jurisdicción y que la solicitud para la convocatoria debe proceder de la Sala Plena.
Actualmente, se están llevando a cabo los procedimientos de convocatoria a nivel nacional, identificados como Nº 15/2026 para la EJE y Nº 16/2026 para la DGAF. Estos procesos incluyen la evaluación de requisitos y méritos, además de exámenes y entrevistas, lo que señala que no hay inacción por parte de los consejeros, como se indica en la denuncia.
Sobre el posible daño económico al Estado debido a salarios pagados por cargos que no habrían sido debidamente ocupados, se resalta que esto debería ser validado mediante una auditoría. Además, se requeriría establecer una relación directa entre las acciones de cada consejero y los presuntos perjuicios económicos alegados.
Implicaciones de la denuncia
Si finalmente se procediera a un juicio de responsabilidades, esto podría resultar en la destitución de los actuales consejeros y la asunción de autoridades suplentes, quienes fueron elegidos con una votación menor a la de los titulares. Esta situación reabre el debate sobre el modelo de elección de las autoridades judiciales, una temática que ha generado tensiones en el ejercicio del poder y en la dinámica entre titulares y suplentes desde la implementación del voto universal.
Finalmente, es crucial investigar no solo la denuncia en sí, sino también los intereses que la motivaron y las personas que podrían beneficiarse de una posible destitución de las actuales autoridades del Consejo de la Magistratura. La interrogante que queda es qué intereses están en juego detrás de esta denuncia y quiénes podrían ser los beneficiarios de un debilitamiento del Consejo.