Preocupación por despido de guardaparques en Bolivia
La situación de los 143 guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha encendido las alarmas entre diversas organizaciones dedicadas al medio ambiente y la conservación. Estos trabajadores recibieron la instrucción de poner sus cargos a disposición, lo que ha sido catalogado como un "despido encubierto" por sus detractores, quienes advierten que esta medida podría dejar desprotegidas a importantes áreas naturales de Bolivia.
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) ha levantado su voz de protesta ante esta instrucción, señalando los posibles efectos negativos de reducir el número de personal encargado de cuidar los parques nacionales. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha puesto en alerta al ministro de Medio Ambiente debido a esta problemática, mientras que una diputada ha manifestado su intención de proponer acciones legislativas en respuesta a la situación.
Las denuncias que circulan en redes sociales indican que los guardaparques laboran en condiciones bastante desfavorables. Se teme que su eventual salida facilite actividades ilegales como la caza furtiva, incendios intencionales y la explotación de recursos naturales sin control. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia concreta de que el Gobierno esté buscando despedir a estos trabajadores con el fin de permitir tales actividades, lo que debe ser considerado con cautela.
El Gobierno, ante las acusaciones, ha declarado que no se procederá al despido de ningún guardaparque. Según su versión, la medida que implica que alrededor de 1.200 funcionarios pongan sus cargos a disposición es parte de un proceso de evaluación y posible ratificación de personal. Esta explicación contrasta con la interpretación de los trabajadores y las organizaciones, que perciben este paso como una vía que podría conducir a la reducción de personal.
Mientras las autoridades ofrecen su visión de una evaluación del personal, los guardaparques subrayan que cualquier disminución en su número podría poner en riesgo las áreas protegidas, dejándolas más vulnerables ante la presión de cazadores, traficantes y quienes buscan explotar los recursos naturales de manera irresponsable.