Gobierno de Paz opta por el FMI en medio de un dilema constitucional
El gabinete del Gobierno ha decidido solicitar una prórroga de 90 días del estado de excepción, lo que deberá ser defendido en la Asamblea Legislativa. Esta medida, aunque busca facilitar el avance de la agenda económica, limita la posibilidad de iniciar reformas constitucionales necesarias para validar algunas de las condiciones acordadas con el FMI.
El presidente Paz ha optado por no presentar personalmente la solicitud ante la Asamblea, delegando esta responsabilidad en sus ministros. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que serán ellos quienes justifiquen la necesidad de esta extensión ante el legislativo.
El estado de excepción, que fue declarado el 20 de junio, surgió por los bloqueos que afectaron el país y, aunque estos cesaron rápidamente, su prolongación se encuentra en debate. Varios legisladores han cuestionado su necesidad actual, alegando que no existen bloqueos ni amenazas serias en este momento.
Prioridades del Gobierno y desafíos constitucionales
El Gobierno enfrenta dos frentes importantes: por un lado, la urgencia económica vinculada a un crédito del FMI que exige ciertas reformas, y por otro, el deseo de asegurar reformas mediante un cambio constitucional. Sin embargo, la existencia de un estado de excepción impide la discusión de cualquier modificación a la Constitución según lo estipulado en el artículo 140.III.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga ha solicitado que antes de considerar la prórroga se rendan cuentas sobre los resultados del estado de excepción. Mientras tanto, algunos legisladores, como Víctor Quispe, ven factible la extensión, mientras que otros, como José Manuel Ormachea, anticipan el rechazo desde su bancada.
La extensión del estado de excepción hasta diciembre podría llevar a que la discusión sobre la reforma constitucional quede congelada por otros 90 días. Esto complicaría los planes de la oposición que busca abordar una serie de cambios legislativos, mientras que la falta de quorum en el Tribunal Constitucional impide avanzar en esta dirección.
Finalmente, la prórroga del estado de excepción se superpondría con el inicio de la eliminación de subvenciones a los combustibles prevista para el 1 de enero de 2027, lo que generaría un desafío adicional para el Gobierno. Jhonny Torres, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, subrayó la importancia de priorizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos en lugar de depender únicamente de medidas excepcionales.