Nueva regla de Trump impacta en las solicitudes de residencia en EE. UU.
A partir de este viernes, la administración de Donald Trump ha puesto en marcha una nueva regla que amplía las condiciones bajo las cuales se pueden evaluar las solicitudes de visas de inmigrante y los trámites para la residencia permanente, comúnmente conocidas como green cards. Esta medida ya ha enfrentado una demanda por parte de varias ciudades que buscan detener su aplicación en los tribunales.
La normativa, llamada ‘carga pública’, permite a los funcionarios decidir si un migrante podría necesitar ayuda del Gobierno en el futuro. Esta evaluación puede tomar en cuenta diferentes programas como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y ciertos subsidios de vivienda. Es importante señalar que el hecho de recibir uno de estos beneficios no garantiza el rechazo de la solicitud.
La implementación de esta regla coincide con una pausa temporal en la realización de entrevistas para visas de inmigrante en embajadas y consulados, ya que el Departamento de Estado está capacitando a su personal para aplicar las nuevas disposiciones.
Evaluación de Circunstancias Personales
El criterio de ‘carga pública’ permite negar la entrada al país o la residencia permanente a personas que se considere que puedan convertirse en una carga económica. Para llevar a cabo esta evaluación, se tienen en cuenta varios factores, como la edad, la salud, la situación familiar, las finanzas, la educación y las habilidades del solicitante. Asimismo, en ciertos casos se considera el apoyo económico de un patrocinador.
La nueva política amplía los parámetros para considerar solicitudes y beneficios públicos que están sujetos a verificación de ingresos. Los programas que pueden ser evaluados incluyen Medicaid, SNAP, CHIP y ciertas ayudas de vivienda, entre otros.
El impacto de esta medida se siente con fuerza entre quienes buscan obtener la residencia permanente o ciertas visas de inmigrante. Especialmente, afecta a aquellos que desean reunirse con familiares en Estados Unidos, así como a trabajadores que buscan emigrar a través de un empleador.
No todos los inmigrantes están sujetos a este criterio. Existen excepciones para ciertos grupos, como refugiados, asilados, menores inmigrantes especiales y víctimas de delitos.
Organizaciones que brindan apoyo a inmigrantes han alertado que muchas familias temen utilizar los beneficios a los que tienen derecho debido a las repercusiones que podrían tener en sus trámites migratorios. Esta situación ha llevado a que 22 Estados y Washington D.C. presenten una demanda para bloquear la nueva normativa, alegando que podría obligar a inmigrantes y sus familias a renunciar a asistencia vital, lo que afectaría la salud pública, la educación y las economías locales.
La respuesta del gobierno de Trump defiende este cambio como un esfuerzo por fomentar la ‘autosuficiencia’ y evitar que los contribuyentes tengan que cargar con los costos de inmigrantes que podrían depender de programas públicos.