Alternativas a la eliminación de la subvención al diésel en Bolivia
La decisión del gobierno boliviano de eliminar la subvención al diésel ha generado una conversación que va más allá del nuevo precio fijado en Bs 17,95 por litro. Este cambio, que vincula el costo del combustible a la cotización internacional y otros factores, ha suscitado críticas, sobre todo en relación a la protección social que se promete a los productores. Aunque el bono Pepe II de 125 bolivianos mensuales ha sido una medida anunciada, muchas organizaciones sociales y ONG lo consideran insuficiente y poco efectivo.
Los especialistas debaten sobre la necesidad de crear un sistema que proteja a los agricultores que utilizan diésel para la producción de alimentos, evitando que estos se vean afectados de la misma manera que los vehículos particulares. La clave radica en encontrar un equilibrio entre la eliminación de subsidios y la protección eficaz de los sectores productivos.
Modelos internacionales de protección al productor
A nivel internacional, muchos países, desde Estados Unidos hasta Europa y África, han implementado diferentes mecanismos para apoyar a sus productores sin recurrir a subsidios directos y generalizados. Estos incluyen devoluciones tributarias, precios diferenciados de combustibles y compensaciones focalizadas, lo que permite una protección más efectiva de la actividad productiva.
En Bolivia, la situación es compleja, ya que la recaudación de impuestos sobre los combustibles y las actividades productivas es limitada. Actualmente, el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y el IVA son los principales tributos, aunque el gobierno ha establecido exenciones para ciertos productos hasta 2030 como parte de su política tributaria.
Posibles soluciones para el sector agrícola
Una alternativa que se propone es la creación de un crédito fiscal para el diésel, donde los productores pagarían el precio total en las bombas, pero podrían recuperar un porcentaje del impuesto según su uso en la producción. Sin embargo, esto podría dejar fuera a los pequeños productores que no generan suficiente crédito fiscal.
Otra opción es establecer un sistema de compensación para pequeños productores, que recibirían devoluciones según el consumo verificado. Esto podría incluir criterios como la superficie cultivada o el tipo de cultivo, alineándose con prácticas de sostenibilidad y rentabilidad.
El modelo de Sudáfrica es un ejemplo a seguir, donde se permite a ciertos sectores recuperar impuestos incorporados en el precio del diésel, siempre que demuestren su uso productivo. Esta práctica podría adaptarse a la realidad boliviana, buscando un equilibrio entre el precio de mercado y la protección de los productores.
Finalmente, algunas naciones han implementado ayudas temporales para mitigar el impacto de aumentos extraordinarios en los combustibles, lo cual podría ser una opción viable para Bolivia en situaciones de crisis extrema.
La discusión sobre cómo proceder continúa, y es fundamental que se busquen mecanismos que, sin volver a las subvenciones generalizadas, garanticen la viabilidad de la producción agrícola en el país.