Evo Morales plantea ultimátum al Gobierno y anuncia movilizaciones
Durante un encuentro reciente en Lauca Ñ, Evo Morales, líder del partido Evo Pueblo, lanzó un ultimátum al Gobierno, instando a la derogación de varios decretos hasta el 3 de octubre y advirtiendo sobre movilizaciones a partir del 13 de octubre si sus demandas no son atendidas.
Morales criticó a la gestión del actual Gobierno, al que llamó "gobierno corrupto y mentiroso", y enfatizó la necesidad de unir a los sectores populares para formar una "izquierda popular indígena". Durante el congreso, también cuestionó la administración del exvicepresidente Álvaro García Linera, a quien acusó de dividir el movimiento indígena.
En su intervención, Morales planteó que, si las normas que entregan recursos naturales a empresas transnacionales no son derogadas, se organizarían marchas y concentraciones en todo el país como medida de presión. Esto fue respaldado por Nilton Condori, un senador suspendido que participó en el congreso.
El exmandatario expresó: "Si no abroga hasta el próximo 3 de octubre, (hay que) prepararnos, será marcha, será concentración por departamentos". Asimismo, indicó que las propuestas debatidas en este evento estaban enfocadas en "salvar Bolivia".
Reacciones del Gobierno y cronograma de movilizaciones
Frente a estas declaraciones, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respondió que Morales no tiene autoridad para imponer decisiones mediante amenazas y resaltó que las diferencias políticas deben resolverse dentro del marco democrático y legal, sin recurrir a presiones.
El cronograma de movilizaciones prevé una reunión nacional tras el 3 de octubre para coordinar acciones y logística. Según lo anunciado por el dirigente campesino Feliciano Vegamonte, las movilizaciones comenzarían formalmente el 13 de octubre, coincidiendo con una reunión internacional programada para el 12 de octubre.
- Derogación de leyes de privatización y entrega de recursos naturales a transnacionales
- Rechazo al financiamiento externo del FMI
- Suspensión de la reestructuración de empresas públicas