La Gobernación de Tarija traza su estrategia ante la crisis fiscal
La reciente reunión de gobernadores en Santa Cruz estableció una agenda conjunta que incluye la necesidad de entablar un diálogo constructivo con el Gobierno nacional para abordar la crisis fiscal. Para Tarija, esto implica implementar un plan de acción que se comenzará a desarrollar desde esta semana.
La Gobernación de Tarija se enfrenta a varios retos, como el nuevo precio del diésel y la fluctuación de los ingresos relacionados con los hidrocarburos. Además, la estructura de gastos sigue siendo un desafío, ya que se debe cumplir con competencias departamentales sin contar con los recursos que fueron habituales durante el auge del gas.
Medidas inmediatas y estructurales para Tarija
El primer paso es gestionar una compensación por el aumento del combustible, cuyo precio ha subido a Bs 17,95 por litro. Este incremento afecta directamente el presupuesto y las actividades esenciales, como el mantenimiento de rutas y servicios de salud. Tarija busca una transferencia extraordinaria del Tesoro General para compensar esta diferencia.
- Incorporar el costo real del diésel en el presupuesto de 2027.
- Obtener autorización para modificaciones presupuestarias.
En cuanto a la estructura fiscal a largo plazo, la Gobernación apoyará un cambio en la distribución de ingresos tributarios, buscando una participación directa de las gobernaciones en la coparticipación. Se plantea un 15% de coparticipación tributaria para las gobernaciones sin afectar los recursos municipales y universitarios.
La recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) también forma parte de la hoja de ruta. Tarija trabajará para abrogar la Ley 767 y para recuperar los saldos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.
Además, la Gobernación activará mecanismos financieros como el Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT) y el Fagobol, que son cruciales para abordar la deuda y mejorar la liquidez sin perder de vista la necesidad de establecer ingresos permanentes.
Finalmente, se plantea la modificación de tres leyes que impactan la autonomía y la capacidad de gestión de las gobernaciones. Con estas medidas, Tarija busca no solo una solución temporal, sino una reestructuración que permita financiar sus competencias en un contexto distinto al de la bonanza hidrocarburífera.