Preocupación por el derecho a la alimentación en centros de acogida y hospitales
Pedro Callisaya Aro, Defensor del Pueblo, ha presentado los hallazgos de un estudio que alerta sobre el riesgo que enfrentan quienes están bajo el cuidado del Estado en términos de su derecho a la alimentación. El análisis abarcó 54 centros en todo el país, revelando una situación crítica.
El defensor destacó la urgencia de actuar: "Queremos alertar sobre un riesgo inminente en el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad bajo custodia del Estado. Este panorama es muy preocupante y es necesario que las autoridades tomen medidas para evitar que la situación se agrave".
Las inspecciones fueron realizadas en centros de acogida de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), hogares para Personas Adultas Mayores (PAM) y hospitales públicos de segundo y tercer nivel. Los resultados muestran que la crisis presupuestaria afecta de manera significativa la alimentación de estas poblaciones.
El informe detalla que el aumento en los precios de los alimentos, exacerbado por la eliminación de la subvención al diésel y las variaciones del mercado, ha impactado de forma alarmante. Así, se reporta que el 67% de los centros de NNA y el 60% de los hogares de PAM han sufrido un incremento en el costo de adquisición de alimentos.
Además, el 56% de los centros destinados a la niñez y el 73% de los hogares de PAM indicaron que los recursos actuales son insuficientes para garantizar la cantidad y la diversidad nutricional necesaria.
Las dificultades de abastecimiento son evidentes: en los centros de NNA, el 17% no cuenta con reservas adecuadas de alimentos frescos, como carne y verduras, mientras que el 22% presenta desabastecimiento parcial. En los hogares de PAM, el 20% menciona la falta de productos secos y el 27% la carencia de alimentos frescos.
Algunos establecimientos han tenido que adoptar medidas de contingencia que afectan otros aspectos de la atención, como la solicitud de donaciones (40%), la sustitución de alimentos por opciones más económicas (33%) y la reducción de recursos en transporte y medicamentos.
"Es necesario que se asignen recursos extraordinarios y que se actualicen los presupuestos institucionales, de acuerdo con el costo de vida actual, para garantizar el derecho a la alimentación de estas poblaciones vulnerables".