Crecen los peligros en áreas protegidas por políticas extractivistas
Durante una reciente entrevista en el programa de Radio y Televisión Andalucía, Jorge Campanini, integrante del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), abordó el impacto de las políticas extractivistas del gobierno boliviano ante una crisis económica. Resaltó que la administración actual ha centrado su atención en la explotación de recursos naturales.
Campanini explicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco se encuentra operando en el contrato de explotación petrolera en Churumas, en el corazón de la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía. En esta área, YPFB Chaco ha establecido tres pozos y una línea de transporte que se extiende hasta San Alberto.
El experto subrayó que esta actividad se lleva a cabo en una zona considerada intangible, lo cual ha sido modificado con planes que han permitido una mayor intervención en esa región. El Plan de Manejo 2000-2004 y su sucesor, que finalizó el año pasado, permitieron alteraciones en la categorización del área para facilitar proyectos hidrocarburíferos.
Además, mencionó la creciente amenaza de Petrobras, que ha propuesto explorar el pozo Domo Oso-X3 entre otros proyectos, lo cual representa un desafío adicional para la protección de esta zona protegida. El Plan de Manejo 2015-2025 ha sido cuestionado por la falta de inclusión de comunidades y organizaciones en su desarrollo.
Desde finales del 2014 se ha cambiado las reglas del juego en tema de hidrocarburos y una de las cosas clave e importantes fue la promulgación del Decreto 2366 del 2015 que abre las áreas protegidas a la exploración petrolera y además de esta medida hay otras que se han construido de una manera de flexibilizar el régimen ambiental.
Campanini hizo hincapié en que el Estado ha perdido capacidad de supervisión sobre las actividades hidrocarburíferas, ya que las empresas petroleras se regulan a sí mismas a través de informes de monitoreo. Esta situación se agrava ante los incidentes ambientales reportados recientemente por exmonitores ambientales en Tariquía, quienes alertaron sobre derrames y otros problemas.
Finalmente, el especialista propuso la necesidad de una revisión profunda de la normativa ambiental, señalando que no se contemplan temas actuales como la minería del litio o el fracking, que está en debate. Además, enfatizó que la falta de consultas previas efectivas ha llevado a situaciones adecuadas solo en términos administrativos en lugar de un verdadero ejercicio de derechos de las comunidades afectadas.