Reflexiones de Guido Añez sobre la corrupción en la justicia boliviana
Después de la detención del fiscal general Roger Mariaca junto a otras 13 personas por presuntos vínculos con la red de Sebastián Marset, Guido Añez, abogado y ex presidente de la Cámara de Diputados, expresó que el narcotráfico es un delito de lesa humanidad y de índole internacional.
Añez subrayó las ramificaciones globales de estas organizaciones y mencionó que "la droga se produce en el Chapare y se exporta a países como Brasil, Paraguay e incluso Venezuela, a través del Cartel de los Soles".
El exlegislador enfatizó la descomposición que afecta a las instituciones encargadas de la justicia en el país, afirmando que "la podredumbre en la justicia boliviana es evidente para todos". Agregó que "el Ministerio Público, que debería tener la capacidad de influir en la vida privada de los ciudadanos, se ha convertido en el principal foco de corrupción en el Estado".
En este marco, Añez apuntó que la comunidad internacional ha respaldado los compromisos asumidos en el Escudo de las Américas, especialmente durante el paro de 53 días, ante el avance de grupos mafiosos.
Refiriéndose a la situación actual, Añez explicó que el problema radica en que no es el país el que está comprometido, sino individuos que han capturado el Estado, vinculándose con mafias organizadas que disfrazan sus actividades con la política y la justicia, alertando que "no puede haber impunidad ante delitos de esta magnitud".
Asimismo, el abogado mencionó que las primeras acciones internacionales ya se han manifestado, como la revocación de documentos de viaje a los involucrados por parte de autoridades estadounidenses. Añez comentó que "la revocación de visa es una señal administrativa significativa para aquellos en posiciones de poder".
Finalmente, Añez concluyó que es crucial iniciar un proceso penal y solicitar extradiciones si se determina que los delitos cometidos por Mariaca y otros han afectado a Estados Unidos o a su población, insistiendo en la imperante necesidad de regenerar el sistema judicial en el país para recuperar la ética en el ejercicio de la vida pública.