Alerta indígena por la proliferación de balsas mineras en el río Madre de Dios
Durante una reciente inspección, Lucio Ayala, líder indígena del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), reportó la presencia de 270 balsas mineras en un recorrido de 184 kilómetros a lo largo del río Madre de Dios. Este hallazgo se hizo evidente a través de la supervisión llevada a cabo por autoridades indígenas de la zona.
Ayala indicó que, aunque las balsas estaban visibles, no estaban en operación durante la inspección, lo que ha generado sospechas sobre la posibilidad de que su actividad se realice en horas nocturnas. Sin embargo, no se logró comprobar esta hipótesis.
Las consecuencias de la minería en el área son alarmantes. Según el dirigente, la contaminación por mercurio y otras sustancias químicas está afectando no solo el agua y la vida acuática, sino también la salud de los pobladores locales y sus cultivos. Además, se ha observado un incremento de personas y maquinaria extrañas en el territorio, lo que plantea aún más preocupaciones.
Manuel Menacho, representante del CEJIS en Riberalta, confirmó que su institución participó en la inspección para recopilar datos georreferenciales sobre la situación de las balsas. Aunque se había pensado en un desalojo, este no pudo llevarse a cabo debido a la falta de apoyo de autoridades como la Policía y el Ministerio de Medio Ambiente.
Desde CEJIS se estimó que aproximadamente el 95% de las balsas están operando en áreas prohibidas. Ante la inacción del Estado, las organizaciones indígenas han empezado a tomar medidas para controlar el territorio y se reunirán nuevamente el 13 de octubre para evaluar la situación y planificar nuevas acciones.
Esta inspección se realizó tras que las organizaciones indígenas establecieran un ultimátum el 30 de septiembre para la retirada de actividades mineras de esa sección del río. Este reclamo se enmarca dentro de una acción ambiental preventiva impulsada por CIPOAP y TIM II, en respuesta a los efectos nocivos de la minería en la región.
En septiembre, el Tribunal Agroambiental había requerido al Gobierno y otras instituciones la presentación de un plan de intervención integral para abordar los daños causados por la minería en los ríos Madidi, Madre de Dios y Tuichi, con un plazo de 10 días para su elaboración y 15 días para su implementación.