Bono PEPE II ofrecerá Bs 250 bimensuales desde noviembre
El Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II) comenzará a funcionar en noviembre de 2026, con una ayuda económica de Bs 250 bimensuales hasta abril de 2027, según lo establecido en el Decreto Supremo 5713.
Este bono es parte de un conjunto de medidas que el gobierno ha implementado para compensar a la población luego de la eliminación de la subvención al diésel, y que puede acumular un total de hasta Bs 750 por beneficiario.
Grupos beneficiarios del PEPE II
- Mujeres gestantes registradas en el Bono Madre Niño-Niña 'Juana Azurduy' desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026
- Personas con discapacidad visual que obtengan el Bono Anual de Indigencia hasta el 31 de agosto de 2026
- Personas con discapacidad grave o muy grave registradas
- Adultos mayores beneficiarios de la Renta Universal de Vejez-Renta Dignidad sin pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo
- Padres o tutores de estudiantes menores en unidades educativas fiscales y de convenio
- Niñas, niños y adolescentes de centros de acogida, casas cunas y centros penitenciarios
Criterios de exclusión
El decreto limita el acceso al bono a aquellas personas que reciban ciertas rentas o pensiones de la seguridad social, así como a quienes están registradas como aseguradas dependientes, consultores, cooperativistas mineros, entre otros, con excepción de los asegurados independientes.
Es importante señalar que estos criterios de exclusión se aplican solo a los beneficiarios y no a los tutores o titulares que estén autorizados para cobrar el bono.
Los pagos del Bono PEPE II se realizarán a través de diversas modalidades, incluyendo abonos en cuentas específicas, cobros en ventanillas de bancos públicos y a través de billeteras móviles.
El Ministerio de Economía será el encargado de elaborar el registro de beneficiarios, asegurando la validez de la información y la verificación de los criterios de exclusión establecidos.
El financiamiento del Bono PEPE II provendrá de recursos externos y del Tesoro General de la Nación, garantizando que no se utilicen fondos de la Gestora ni del Sistema Integral de Pensiones.