Controversia en Tariquía por la socialización del pozo DMO X-3 de Petrobras
A pocos días de la socialización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del pozo Domo Oso X-3, programada para este fin de semana en Saicán, Entre Ríos, la tensión se intensifica en torno al proyecto hidrocarburífero promovido por Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Organizaciones que defienden la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía han señalado irregularidades en el proceso de socialización, argumentando que solo recibieron cinco tomos del estudio ambiental con poco tiempo para analizarlos. Esto ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la intención de la empresa de comenzar su actividad sin una consulta previa adecuada a las comunidades, algo que consideran fundamental.
El conflicto se reavivó tras un fallo del Tribunal Agroambiental que no suspendió el proyecto, pero exigió a Petrobras una socialización clara del EEIA antes de continuar con las operaciones. En cumplimiento de esta decisión, la petrolera ha programado reuniones en Entre Ríos y Saicán, comunidades que son consideradas clave en este proceso.
Sin embargo, el Comité de Defensa de Tariquía y líderes del cantón Chiquiacá han rechazado la convocatoria, afirmando que la empresa les proporcionó la documentación técnica con apenas una semana de anticipación, lo que imposibilita un análisis a fondo. Juan Mendoza, miembro del Comité, calificó esta situación como una burla hacia las comunidades, enfatizando la complejidad de los documentos.
"Es insensato pedir a un dirigente que lea e interprete toda esa información en tan poco tiempo", expresó Mendoza, quien además confirmó que las organizaciones defensoras no participarán en la socialización convocada por Petrobras. Aseguró que las comunidades han manifestado su oposición al ingreso de actividades petroleras en la zona y continuarán con sus medidas de resistencia.
Las críticas también se extienden hacia la interpretación del fallo judicial. El asambleísta Francisco Romero indicó que la resolución solo requiere una socialización, sin garantizar el derecho a una consulta previa, libre e informada, que es vital según las normativas vigentes. Esta diferencia es esencial, ya que la consulta debería realizarse antes de cualquier actividad que afecte el territorio.
El contexto social es complejo, ya que algunas comunidades, como la de Saicán, apoyan el proyecto con la esperanza de obtener beneficios económicos, mientras que otros grupos advierten sobre los daños que podría causar a los ecosistemas y fuentes de agua de la región. Aunque Petrobras sostiene que está cumpliendo con el mandato judicial, los defensores de Tariquía argumentan que no se están cumpliendo las mínimas condiciones para una participación efectiva de los habitantes.