Controversia en torno al Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia
La reciente creación del Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, anunciada por el presidente Rodrigo Paz durante la celebración por los 201 años de la independencia de Bolivia, ha suscitado un amplio debate entre juristas. Si bien existe un consenso sobre la necesidad de reformar el sistema judicial, muchos profesionales del derecho dudan que esta nueva figura sea la solución adecuada.
El presidente Paz destacó que el Alto Comisionado se enfocará en la transparencia, la institucionalidad y la justicia. Sin embargo, los críticos subrayan la falta de una definición legal clara sobre este cargo, lo que genera incertidumbre sobre su funcionamiento. Entre las preocupaciones más relevantes se encuentra la posible superposición de funciones con instituciones ya establecidas, en lugar de fortalecer las existentes.
Entre los juristas que han expresado sus inquietudes se encuentran Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia; Silvia Salame, exsenadora y expresidenta del Tribunal Constitucional; Kathia Saucedo, abogada y defensora de una reforma constitucional, y Jaime Hurtado, exlíder del Colegio de Abogados de Chuquisaca. Todos coinciden en que la creación de esta nueva autoridad podría complicar aún más el panorama judicial.
Salame ha señalado que la figura del Alto Comisionado no está contemplada en la legislación boliviana y que, si se le van a asignar funciones significativas, su creación debe respaldarse mediante una ley. Hurtado, por su parte, ha resaltado que el término parece estar inspirado en el sistema de la ONU, una figura que no ha sido incorporada en la Constitución o en las leyes del país. Para él, el concepto de Alto Comisionado está más vinculado a la defensa de derechos que a funciones jurisdiccionales.
Otro aspecto en el que coinciden los juristas es el riesgo de duplicar funciones, lo que podría generar confusiones en la administración de justicia. Hurtado ha advertido sobre la posibilidad de que esta nueva figura se solape con la Defensoría del Pueblo, que ya tiene el mandato de proteger los derechos humanos. Además, ha recordado que el Defensor del Litigante, una figura prevista por la Ley 025 del Órgano Judicial, nunca ha sido activado.
Salame propone una alternativa, sugiriendo la revitalización del Ministerio de Justicia como un ente que podría actuar como mediador entre el Órgano Ejecutivo y el sistema judicial. Por su parte, Saucedo también ha planteado la necesidad de aclarar cómo se articularían las funciones del Alto Comisionado con las del actual Viceministerio de Justicia, que depende del Ministerio de la Presidencia. “No es prudente establecer dualidades de funciones”, concluyó Saucedo.