Controversia en torno al fiscal general por vínculos sospechosos
Roger Rider Mariaca Montenegro, nombrado fiscal general del Estado en octubre de 2024 por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sido colocado en la lista de personas vetadas por Estados Unidos, en virtud de la sección 7031 (c). Esta medida fue tomada debido a acusaciones de supuestos vínculos con actividades de narcotráfico y corrupción.
Según el Departamento de Estado estadounidense, Mariaca habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar la operación de organizaciones relacionadas con el narcotráfico, lo que llevó a la restricción de su visa. En respuesta a esta situación, el Gobierno boliviano ha decidido solicitar información adicional y pruebas que sustenten estas afirmaciones.
Apenas un mes después de asumir el cargo, el fiscal general tuvo un encuentro con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) el 8 de noviembre de 2024, donde recibió una cadena de oro como regalo. Este obsequio ha desatado críticas en torno a su gestión y a la normativa sobre la aceptación de regalos por parte de funcionarios públicos.
El Código Penal, a través de la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, prohíbe a los servidores públicos aceptar regalos de lujo que puedan comprometer su imparcialidad. Este contexto legal vuelve relevante el intercambio de la cadena de oro, ya que contradice las disposiciones existentes sobre ética en el ejercicio de la función pública.
En el ámbito de la minería ilegal, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) también ha expresado preocupaciones, indicando que esta problemática ha logrado infiltrarse en estructuras de poder. Jaime Sanabria, director de AJAM, ha señalado que la falta de acción efectiva del Ministerio Público en la persecución de delitos relacionados con la minería ilegal es un grave obstáculo para la justicia.
Sanabria ha manifestado que existen fallas significativas en las investigaciones de la fiscalía, lo que genera demoras en el procedimiento de denuncias y evita que los casos de minería ilegal avancen hacia sanciones efectivas. Estas deficiencias son un reflejo de la necesidad urgente de fortalecer la lucha contra la minería ilegal en el país.