Del optimismo gubernamental a la controversia por la compra del vehículo de Espinoza

La jornada comunicacional del Gobierno comenzó con una nota discordante: el cierre intempestivo del Ministerio de Planificación, un acto que se realizó por decreto y no mediante la aprobación legislativa correspondiente. Este anuncio fue realizado por el presidente Rodrigo Paz, quien se mostró visiblemente molesto por la situación que generó controversia entre los diferentes actores políticos.

En medio de esta atmósfera, se produjo un debate acalorado sobre la estrategia del Gobierno de hacer política a través de las instituciones, lo que no fue bien recibido por los líderes de las bancadas en la Asamblea Plurinacional. La senadora Tomasa Yarhui criticó que el Gobierno busque obtener el apoyo legislativo a través de un enfoque de “voto por voto”, indicando que esto podría incentivar prácticas poco éticas dentro del proceso legislativo.

Por otro lado, se conoció que el Gobierno está considerando a José Luis Lupo y Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz, como potenciales embajadores, a pesar de que ninguno de ellos posee experiencia diplomática formal, lo que refleja una continuidad en el enfoque discrecional en la selección de representantes diplomáticos.

La controversia se intensificó cuando se reveló la carátula notarial de la compra de un vehículo de alta gama por parte de Espinoza. La noticia, publicada por el canal Detrás de la Verdad, mostró que había adquirido un Audi Q4 SUV e-tron, valorado en 60 mil dólares, por solo 50 mil bolivianos, lo que generó un gran revuelo. En una comparecencia pública, el ministro atribuyó la discrepancia en el monto a un error en la documentación y explicó que el financiamiento provino de la venta de un vehículo propio que no había declarado en su declaración jurada.

La compra del automóvil tuvo lugar el 30 de abril, un contexto en el que el tipo de cambio del dólar era de 6,96 bolivianos. A pesar de la controversia, el ministro defendió la Ley de Inversiones, que busca atraer capitales y promover la seguridad jurídica, aunque al momento de su presentación, dicho proyecto no había llegado a las bancadas para su revisión.

Espinoza propuso la creación de una Agencia Nacional de Inversiones que se encargará de coordinar las políticas de promoción y regulación de inversiones a nivel nacional y subnacional, en un intento por posicionar al Gobierno en un nuevo rumbo tras las críticas recibidas.