El Gobierno debe identificar empresas estatales en pérdidas para su posible cierre
La Cámara de Senadores ha dado su visto bueno al reformulado del Presupuesto General del Estado (PGE), que incluye una inyección adicional de más de 7.000 millones de bolivianos. Este nuevo presupuesto tiene como objetivo no solo la reestructuración de las finanzas, sino también la redistribución de recursos hacia las diferentes regiones del país, buscando así aliviar la situación económica de gobernaciones, municipios y universidades.
Durante la discusión, la senadora Marcela Guerrero destacó que el ministro de Economía, Gabriel Espinosa, presentó la utilización de estos fondos, aunque los legisladores expresaron su preocupación por el aumento del gasto corriente en un momento que debería ser propicio para un ajuste fiscal. Guerrero indicó que el incremento está destinado a nuevos ítems en áreas como salud, educación y seguridad ciudadana, pero la incertidumbre persiste respecto a cuánto de estos recursos se destinará a Tarija.
Uno de los puntos clave del reformulado establece un plazo de 30 días para que el Gobierno realice un diagnóstico de más de 60 empresas estatales. De este análisis, se determinará cuáles empresas continuarán operando y cuáles deberán ser liquidadas por sus pérdidas. Guerrero subrayó la necesidad de que la población esté informada sobre qué empresas son consideradas estratégicas y cuáles serán cerradas, argumentando que esta evaluación debió haberse realizado al inicio de la gestión actual.
El apoyo a este reformulado también se vio motivado por la aprobación de una ley adicional que permite a las gobernaciones evitar asumir competencias del nivel central, lo que facilita una mayor disponibilidad de recursos para inversión. Sin embargo, la senadora enfatizó que es fundamental que el próximo PGE contemple una distribución equitativa de los recursos entre el nivel central y las entidades autónomas, recordando que en agosto se llevarán a cabo reuniones para discutir esta propuesta.
El diputado José Luis Porcel señaló que la reestructuración de empresas públicas podría involucrar entre 15 y 20 de las 83 existentes. Aunque algunas infraestructuras estratégicas, como la Planta Separadora de Líquidos del Chaco, son difíciles de cerrar, planteó la posibilidad de reutilizar ciertas instalaciones para fines educativos o sanitarios, o bien transferirlas al sector privado.
Porcel también mencionó que la aprobación del reformulado llegó con un retraso significativo, ya que solo quedan unos meses para utilizar los recursos antes del cierre fiscal. Subrayó la importancia de que estos fondos lleguen rápidamente a las entidades correspondientes, para que puedan generar un impacto positivo en la economía y evitar la devolución de recursos al Tesoro General del Estado.
Finalmente, el legislador hizo hincapié en la necesidad de ajustar reglamentos en el contexto del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, para evitar que la fluctuación del dólar afecte las contrataciones y adquisiciones. A pesar de que el dólar sigue en ascenso, su ritmo de aumento parece haberse moderado, lo que podría facilitar una gradual estabilización del mercado cambiario con el ingreso de financiamiento externo.