FAM aboga por la derogación del decreto sobre el diésel, el Gobierno lo justifica ante el FMI

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) ha solicitado al Gobierno la derogación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores. Esta petición surge en medio de las críticas de distintos sectores sobre las consecuencias económicas que trae la medida.

Durante una reunión entre el Gobierno y representantes de los municipios, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la vigencia del decreto, señalando que forma parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la liberalización de los precios de los hidrocarburos.

Aramayo explicó que la actual normativa no es sostenible para el Estado, ya que implica una carga significativa en el financiamiento del combustible. Asimismo, argumentó que mantener la subvención generaría distorsiones en la administración de los recursos públicos.

El presidente de la FAM, Johnny Torres, manifestó unánimemente durante el encuentro que la derogación del decreto es necesaria, dado su impacto en los costos de las municipalidades y en la economía local. Torres enfatizó en su exposición: “Por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los Gracos.”

La solicitud de los municipios se alinea con las demandas de sectores productivos que advierten que esta medida incrementará los costos de producción, lo que podría reflejarse en el precio final que los ciudadanos deben pagar. En respuesta, productores de Santa Cruz y otras regiones han otorgado un plazo hasta el domingo para la anulación de la norma, advirtiendo que, si no hay respuesta del Gobierno, iniciarían una Asamblea de la Cruceñidad.

Durante la misma reunión, Aramayo también abordó la situación fiscal del país, alertando sobre una "asfixia fiscal" que obliga a reconsiderar la gestión de los recursos públicos, así como el modelo de autonomías, haciendo hincapié en la necesidad de priorizar la eficiencia y sostenibilidad en la administración de los mismos.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a no limitar el debate sobre la distribución de recursos a porcentajes, sino a centrarse en la creación de riqueza, afirmando que "no nos vamos a poner a distribuir pobreza".