Gobiernos municipales de Chuquisaca en pie de lucha contra el régimen Graco

La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (Agamdech) ha emitido un comunicado en el que expresa su oposición al Decreto Supremo N° 5676, firmado por el presidente Rodrigo Paz. En este contexto, solicitan que los municipios sean excluidos del grupo de Grandes Contribuyentes (Graco) y hacen un llamado a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM Bolivia) para que interceda ante el Gobierno nacional.

Agamdech destaca la grave repercusión que esta disposición tendrá en la economía municipal, señalando que las decisiones de este tipo "erosionan" los presupuestos de los municipios y afectan su operatividad. En sus argumentos, hacen hincapié en que los gobiernos locales utilizan maquinaria pesada constantemente para tareas vitales como el mantenimiento de caminos y la construcción de infraestructura esencial.

El aumento del costo del diésel a Bs 18 por litro representa un reto significativo para el desarrollo de las comunidades. Agamdech advierte que esta situación podría paralizar proyectos esenciales, ya que limita los recursos disponibles para su funcionamiento diario.

En su pronunciamiento, la Asociación rechaza contundentemente su inclusión en el régimen Graco, argumentando que las Entidades Territoriales Autónomas no persiguen fines de lucro, a diferencia de las empresas que pueden ajustar sus precios para compensar el aumento de costos. "Somos instituciones de servicio público y no generadoras de lucro", enfatizan.

Además, Agamdech advierte sobre las consecuencias indirectas del decreto, que incluyen aumentos en el transporte, la producción y, por ende, en el costo de vida. Este impacto se trasladará inevitablemente a los precios de bienes y servicios, afectando a la canasta familiar de los ciudadanos.

Como parte de sus demandas, Agamdech exige la modificación inmediata del Decreto Supremo 5676, solicitando que se les permita acceder al diésel a un precio de Bs 9,80 en los surtidores, lo que consideran esencial para su funcionamiento.

Ante la falta de respuesta a sus exigencias, la Asociación ha declarado estado de emergencia, calificando el decreto como un ataque a la economía de los gobiernos municipales, lo que podría llevar a la paralización de diversas obras y servicios en sus respectivas jurisdicciones.