Iniciativa de Gobernación para establecer diálogo bilateral con el Gobierno central
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, no asistió a la reunión celebrada en La Paz entre el presidente Rodrigo Paz y otros gobernadores, sin embargo, reafirmó su apoyo a los acuerdos alcanzados en el contexto del nuevo pacto fiscal. La ausencia se debió a compromisos previos, pero esto no significa que Tarija se aleje de los objetivos comunes de profundizar la autonomía regional.
El encuentro reunió a siete de los nueve gobernadores y permitió avanzar en la conversación sobre el plan "50-50", que busca reformar el pacto fiscal y la distribución de competencias. Se acordó crear mesas técnicas a partir del 5 de octubre, con participación de altos funcionarios del Viceministerio de Autonomías y otros ministerios, y una nueva reunión programada para el 12 de octubre en Cobija.
Uno de los temas prioritarios es la propuesta para que las gobernaciones reciban el 15% de la coparticipación tributaria, según las disposiciones transitorias de la Ley Marco de Autonomías. Este planteamiento se desarrollará técnicamente antes de convertirse en una propuesta formal para el presupuesto.
Los negociadores reconocen que hay dos vías para abordar la redistribución de recursos: una rápida, que implicaría modificar la Ley del Presupuesto General del Estado 2027, y otra más lenta, que requeriría de una ley específica para reestructurar la coparticipación tributaria, con el objetivo de completar el Pacto Fiscal exigido por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM).
La agenda también incluye la modificación de la Ley 154, que se relaciona con la clasificación de impuestos y la creación de tributos para los gobiernos autónomos, además de establecer una ley que regule las relaciones internacionales de los gobiernos departamentales, facilitando así la gestión de recursos y cooperación internacional.
Tarija, por su parte, busca no limitarse al diálogo nacional. La Gobernación propone una reunión bilateral con el Ejecutivo para discutir asuntos específicos de su departamento, teniendo en cuenta la situación financiera actual y la necesidad de definir claramente las responsabilidades entre los niveles de gobierno sobre distintas obligaciones.
La Ley de Retorno Económico, promulgada durante la reunión, establece que el Gobierno central asumirá desde 2026 el financiamiento de ciertos costos operativos, como los prediarios y el funcionamiento del sistema penitenciario. Sin embargo, la eliminación del costo de los títulos de bachiller fue excluida, dejando esta carga financiera aún en manos de los gobiernos departamentales.
A pesar de que las medidas prometen un alivio financiero de aproximadamente Bs 209,5 millones, se mantiene abierta la cuestión sobre cómo asegurar una financiación estable para las competencias asignadas a las gobernaciones, especialmente en un contexto donde Tarija ha visto una caída en sus ingresos provenientes del sector hidrocarburífero, manteniendo, no obstante, sus responsabilidades administrativas.