La Crítica Realidad del Estado Inconstitucional en Bolivia
El concepto de constitucionalismo moderno se sustentaba en la premisa de que el poder político debía estar sometido a la Constitución y a la ley. Sin embargo, cuando las garantías democráticas se desmoronan y se eliminan los mecanismos de control institucional, surge lo que se ha denominado como el Estado Inconstitucional de No Derecho. En el contexto de crisis estructural que vive Bolivia, esta situación se convierte en una realidad palpable, reflejando la falta de institucionalidad y el abuso del poder.
La Constitución Política del Estado, promulgada en 2009, fue concebida con un amplio catálogo de derechos y garantías, pero ha sido debilitada progresivamente. La predominancia del poder fáctico sobre el normativo ha contribuido a esta erosión, alejando al país de su norma suprema y estableciendo una especie de "legalidad paralela", donde la ley se aplica de manera rigurosa a los ciudadanos comunes, pero se convierte en un recurso flexible para proteger abusos de poder.
La violación de la voluntad popular se evidenció en el desconocimiento del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016. Este tipo de quiebre constitucional ha sido facilitado por una serie de contrarreformas que, en la práctica, modifican la Constitución sin el debido proceso. Un claro ejemplo es la Sentencia Constitucional Plurinacional N.º 0084/2017 que, al permitir la reelección indefinida, vulneró el artículo 168 de la Constitución, provocando un conflicto entre el poder constituyente y el constituido.
Las contradictorias decisiones judiciales han generado un ambiente de inseguridad jurídica. Esta situación se agrava con la captura del Órgano Judicial por intereses políticos, donde el Tribunal Constitucional Plurinacional, en lugar de proteger la Constitución, actúa como un superpoder que valida acciones inconstitucionales, como la auto prórroga de sus magistrados sin respaldo popular.
La saturación del sistema judicial y la obstrucción de la Asamblea Legislativa Plurinacional han debilitado aún más el equilibrio de poderes, transformando la dinámica institucional en un simulacro que favorece a caudillos en conflicto. Esto culmina en una crisis política y económica, generando un vacío de certidumbre jurídica que deja a la ciudadanía en una posición de indefensión, donde buscar justicia se convierte en un ejercicio arriesgado.
La crisis en Bolivia no puede ser resuelta simplemente con reformas superficiales de la Constitución; es imperativo una desmantelación de la estructura que socava su aplicación. La reinstitucionalización debe comenzar por restaurar la independencia del sistema judicial y garantizar una verdadera separación de poderes. Sin una administración judicial imparcial y límites efectivos al ejercicio del poder, el país seguirá atrapado en un ciclo de degradación democrática.