La voz de Nadia Beller ante la crisis del sistema judicial
En una reciente entrevista, Nadia Beller, quien ha formulado acusaciones de feminicidio contra Fernando Cerimedo, reflexionó sobre la aprehensión de Roger Mariaca, el fiscal general de Bolivia. Beller criticó la falta de un proceso judicial claro y advirtió que la situación podría deteriorarse aún más en el país.
La conversación tuvo lugar el jueves 1 de octubre de 2026, pocas horas después de que Mariaca y otros fiscales fueran detenidos en un operativo que, según el ministro de Gobierno, Eduardo Oviedo, fue ordenado por el presidente Rodrigo Paz. La incertidumbre sobre el estado jurídico de Mariaca sigue siendo alta, especialmente después de la difusión de un video que muestra su llegada a una celda en La Paz.
Beller subrayó que el Estado de derecho se ha visto comprometido, señalando que desconoce de órdenes de extradición o captura válidas. Expresó su incredulidad ante la rápida acción de las autoridades, sugiriendo que podría haber motivaciones políticas detrás de estas detenciones, especialmente considerando que Mariaca estaba investigando a personas cercanas al presidente.
El cuestionamiento a la Policía y la justicia
Beller también cuestionó la actuación de la Policía, señalando que cualquier acción realizada por ellos está en duda debido a su vinculación con casos de corrupción. Ella mencionó que la Policía ha sido señalada en investigaciones por su relación con Cerimedo, lo que pone en entredicho su capacidad para llevar a cabo operaciones justas y efectivas.
Además, destacó que las detenciones sin un debido proceso pueden considerarse como un atropello a la ley. Beller enfatiza que todos los involucrados en la administración actual, no solo los fiscales detenidos, deben ser tratados con el mismo rigor, exigiendo que se respete el debido proceso para todos los acusados.
"Que se los lleven a absolutamente todos de la administración de Rodrigo Paz, como ellos dicen, de esa supuesta estructura de encubrimiento al narcotráfico"
Finalmente, Beller reafirmó su compromiso de seguir luchando por justicia, independientemente de las presiones políticas. Aseguró que su objetivo es restaurar el Estado de derecho en Bolivia y que continuará denunciando cualquier irregularidad ante la comunidad internacional, incluso si eso significa arriesgar su propia seguridad.