Nuevas herramientas del Gobierno para combatir la corrupción
El Ejecutivo boliviano, bajo la dirección de Rodrigo Paz, ha anunciado una serie de reformas que amplían las responsabilidades del Viceministerio de Transparencia. Esta iniciativa tiene como objetivo potenciar las capacidades de esta entidad para investigar denuncias, seguir procesos judiciales, recuperar activos y trabajar en coordinación con diferentes organismos estatales en la lucha contra la corrupción.
José Luis Gálvez, vocero del Gobierno, comunicó que esta expansión busca que el Viceministerio se convierta en el eje central de las acciones anticorrupción en el Ejecutivo y otras instituciones. "Vamos a iniciar una cruzada de lucha contra la corrupción", afirmó durante una reciente conferencia.
Las nuevas herramientas permitirán mejorar la prevención de riesgos y la gestión de denuncias, así como facilitar la recuperación y registro de activos. También se incluirá un análisis estratégico de datos y la investigación sobre fortunas, todo con el fin de detectar irregularidades de manera proactiva.
Yamil García, quien anteriormente ocupó el cargo de secretario de Justicia en la Gobernación de Tarija, se mantendrá al frente de la Unidad de Transparencia, asegurando la continuidad en la gestión.
El gobierno también busca coordinar esfuerzos con instituciones como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Contraloría General del Estado, la Procuraduría y el Ministerio Público. De esta forma, se garantizará una supervisión adecuada de las unidades de transparencia en las entidades públicas.
Gálvez enfatizó que el Viceministerio tendrá la capacidad de actuar de manera inmediata en entidades estatales cuando sea necesaria la obtención de información. El propósito es evolucionar de un modelo que solo reacciona ante las denuncias a uno que también previene y detecta riesgos.
Esta política forma parte del Decreto Supremo 5706, que no solo amplía las funciones del Viceministerio de Transparencia, sino que también declara la lucha contra la corrupción como prioridad nacional, promoviendo la integridad pública y el fortalecimiento de la transparencia institucional.