Paz y el desafío del FMI: cambios económicos y sociales
La Asamblea Plurinacional se ha convertido en un aliado del Gobierno en el último periodo, facilitando la aprobación de medidas como el Estado de Excepción, el crédito del FMI y la liberación del precio del diésel. Estos cambios han llevado a un análisis profundo entre los sectores populares sobre las posibles respuestas ante la nueva realidad económica.
El presidente Rodrigo Paz se presentó solo para comunicar la retirada total de la subvención al diésel, una decisión que se hizo efectiva tras haber comenzado con los grandes consumidores. Este cambio ha sido recibido con descontento en Santa Cruz, donde se exigía una medida más equitativa, ya que ahora afecta a todos por igual.
Como parte de las negociaciones con el FMI, el Gobierno ha prometido que el Presupuesto General del Estado de 2027 no incluirá recursos para subvenciones a combustibles. Esta decisión se interpreta como una estrategia para acelerar la aprobación del financiamiento internacional, crucial en un contexto de emergencia económica.
La especulación sobre la eliminación total de la subvención empezó a circular a mediados de la semana, coincidiendo con una caída del dólar en el Banco Central. El precio del diésel se ajustó a 17,95 bolivianos, reflejando un impacto inmediato en los mercados y generando descontento entre los choferes, quienes solicitan incrementos salariales.
A medida que se establecen las nuevas realidades económicas, el efecto sobre el costo de vida es inminente. Los comerciantes están ajustando precios en los mercados, mientras que grupos como Fedjuves y otros aún esperan una respuesta oficial sobre las medidas de apoyo a los más vulnerables.
Los líderes de las principales bancadas de la Asamblea, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, han expresado críticas al Gobierno por la forma en que se han implementado estas medidas, aunque finalmente han respaldado las decisiones clave. La aprobación del Estado de Excepción también ha pospuesto la posibilidad de un referéndum constitucional.
Aparte de las críticas, el presidente anunció incrementos en algunos bonos sociales. El bono Juancito Pinto subió de 200 a 300 bolivianos, aunque este cambio es considerado insuficiente en un contexto de aumento de precios. Asimismo, se presentó el nuevo "bono Pepe", destinado a un amplio número de beneficiarios, pero con montos que no alcanzan a compensar los recientes ajustes en la subvención.