Reconstrucción de la cohesión social: del conflicto al diálogo

Las repercusiones de los más de 50 días de bloqueos entre mayo y junio aún resuenan en Bolivia, afectando tanto la vida cotidiana de las familias como su economía. La conflictividad dejó un saldo trágico de 22 muertes, de las cuales 19 correspondieron a personas no involucradas en las protestas, según la Defensoría del Pueblo.

El impacto inmediato de estos eventos se refleja en el debilitamiento de la economía y en la creciente preocupación de la población por el aumento del costo de vida. Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo, junto a la experta en mediación Gabriela Ugarte, subrayan la necesidad de restablecer espacios de diálogo y corresponsabilidad para prevenir que las diferencias sociales se conviertan en nuevos conflictos.

Según la Encuesta de Hogares 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 44,7% de la población vive en pobreza por ingresos, y un 16,7% se encuentra en pobreza extrema. Núñez destaca que incluso aquellos que no están en la línea de pobreza exhiben una fragilidad económica, incapaces de soportar nuevos desafíos.

El costo de vida ha reflejado un aumento significativo en ambas áreas, urbana y rural, limitando la capacidad de las familias para satisfacer necesidades básicas como salud y educación. Ugarte también señala las dificultades que enfrentan los jóvenes, instando a su inclusión en decisiones cruciales para el futuro del país.

Durante el primer semestre de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones de Chile otorgó 84.717 permisos laborales a bolivianos, representando aproximadamente el 70% del total de permisos concedidos a extranjeros. Esto indica una notable migración laboral, aunque no esclarece completamente las causas de este fenómeno.

Núñez enfatiza que las consecuencias de la crisis no solo se manifiestan en la pérdida de empleos, que el Gobierno cifra en 200.000, sino también en la quiebra de pequeños emprendimientos y economías familiares, lo que agrava la situación social.

En un contexto donde el costo de vida sigue incrementando y la tensión social se mantiene, Núñez sugiere la necesidad de fortalecer la producción local, enfocándose en los pequeños agricultores que deben competir con productos importados a precios más bajos. La capacidad productiva es clave para mitigar la inflación y la pobreza.

Ugarte argumenta que el diálogo debe ser entendido como un proceso estructurado y no como un evento reactivo ante la crisis. Se deben aplicar las "4C": convicción, conexión, condiciones y capacitación, para asegurar una comunicación efectiva que prevenga escaladas de conflicto.

La reconstrucción de la confianza y la cohesión social requiere un enfoque integral que no solo se ocupe de las necesidades inmediatas, sino que también contemple el futuro. Ugarte subraya la importancia de involucrar a las nuevas generaciones, quienes serán las más afectadas por las decisiones actuales.

Además, el diálogo debe extenderse más allá de los actores directos de un conflicto, incluyendo a aquellos que, aunque no estén directamente involucrados, también sufren las consecuencias. Nombres como instituciones de la Iglesia y académicos pueden jugar un rol importante en facilitar la mediación.

La experiencia de los bloqueos ha evidenciado la necesidad de establecer mecanismos que permitan anticipar conflictos y asegurar el respeto a los derechos de todos los involucrados. El diálogo, entonces, se presenta no solo como una solución a crisis pasadas, sino también como herramienta para promover la convivencia y la democracia.