Santa Cruz establece un plazo al Gobierno de Rodrigo Paz y prepara movilizaciones
La Asamblea de la Cruceñidad ha otorgado un ultimátum al Gobierno de Rodrigo Paz, estableciendo el 10 de octubre como plazo para abordar la crisis de abastecimiento de combustibles y otras peticiones de la región. En caso de no obtener respuestas satisfactorias, el Comité pro Santa Cruz advirtió sobre la posibilidad de iniciar movilizaciones escalonadas, así como la convocatoria a un cabildo.
Stello Cochamanidis, presidente cívico, comunicó que esta decisión fue fruto de un extenso debate que duró más de cuatro horas, donde participaron representantes de distintos sectores productivos y organizaciones de Santa Cruz. La decisión de movilizarse coincide con la conmemoración del Día de la Democracia, lo que añade un trasfondo simbólico a la situación.
Entre las exigencias principales de la Asamblea se encuentran la solución al desabastecimiento de diésel y gasolina, así como la eliminación de restricciones en la importación, distribución y comercialización de combustibles. También se solicita una reducción de impuestos que permita abaratar el costo del carburante, además de la eliminación del monopolio ejercido por YPFB y la ANH. Asimismo, se requiere una investigación sobre posibles redes de corrupción en el manejo de hidrocarburos.
Adicionalmente, la Asamblea demandó la restitución de competencias y recursos a los gobiernos departamentales, municipales y universidades. Se propuso también la implementación del modelo 50/50 en el Presupuesto General del Estado 2027, que permitiría que una parte de los recursos generados en cada departamento se quede en las regiones.
Cochamanidis enfatizó que si el Gobierno no responde a las demandas antes del 10 de octubre, las movilizaciones comenzarán en las calles y podrían intensificarse con la convocatoria a un cabildo. Sin embargo, reafirmó que la Asamblea no está pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz, manifestando su deseo de actuar dentro del marco constitucional.
Santa Cruz ha definido la fecha límite del 10 de octubre, lo que podría desencadenar una nueva ola de conflictos regionales si no se logran satisfacer las demandas expresadas por la Asamblea de la Cruceñidad.