Sector social se opone al aumento del diésel y planea movilizaciones

El pasado 19 de septiembre, el nuevo precio del diésel se estableció en Bs 17,95 por litro tras la anulación de la subvención, lo que generó reacciones contundentes en varios sectores sociales. La preocupación gira en torno a cómo esta decisión afectará al transporte, la canasta básica y la economía de los trabajadores bolivianos.

La Central Obrera Boliviana (COB) expresó su rechazo a esta medida y convocó a un ampliado nacional de emergencia. En este encuentro, participarán confederaciones y centrales obreras de diferentes departamentos, con el fin de evaluar la situación y determinar posibles acciones a seguir. La COB responsabiliza al Gobierno por cualquier movilización que surja como respuesta a esta decisión.

En Chuquisaca, la Central Obrera Departamental (COD) declaró un estado de emergencia y exigió la derogación del Decreto Supremo 5716. Marcelo Torres, su ejecutivo, subrayó que el aumento del precio del diésel impactará negativamente en los costos de transporte, producción y venta, advirtiendo que algunos productos de la canasta familiar podrían experimentar un incremento significativo.

Desde Oruro, la Federación Departamental de Choferes "San Cristóbal" también manifestó su descontento con el nuevo precio del diésel, solicitando a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia que convoque a un ampliado de emergencia. Asimismo, el sector del transporte pesado se unió al rechazo y advirtió que el aumento de costos podría llevar a futuras movilizaciones.

Otras organizaciones, como FENCOMIN, anunciaron la realización de un ampliado nacional para decidir acciones a seguir. Por su parte, los productores de Yapacaní rompieron y quemaron copias del Decreto 5716, convocando a una reunión para analizar medidas de presión contra la normativa. En Chuquisaca, el Sindicato Mixto de Transportistas "San Cristóbal" realizó un ajuste en sus tarifas, estableciendo nuevos precios para diferentes grupos de pasajeros.

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia se sumó al rechazo del decreto, exigiendo su anulación y programando un ampliado nacional para evaluar la posibilidad de nuevas acciones de protesta. Mientras tanto, el Gobierno argumenta a favor de la eliminación de la subvención, anunciando un paquete de compensaciones y apoyos al sector productivo.