Transportistas bolivianos exigen respuestas inmediatas al Gobierno por falta de diésel

La presión sobre el Gobierno de Bolivia se intensifica, ya que la Confederación del Transporte Libre ha declarado un estado de emergencia. Este sector ha dado un plazo de 48 horas al Ejecutivo para abordar sus peticiones, que giran en torno a la escasez de diésel.

Los transportistas advierten que el desabastecimiento de combustible ha provocado una reducción del 50% en la operatividad del transporte de carga e interdepartamental, lo que ha generado importantes pérdidas económicas y obstáculos para cumplir con sus servicios.

Entre las demandas del sector se encuentra la necesidad urgente de mantenimiento de carreteras, la apertura del mercado de seguros obligatorios para accidentes de tránsito, y el cumplimiento de los acuerdos previamente concertados con el Gobierno.

Asimismo, los transportistas han expresado su preocupación por el posible retiro de la subvención a los combustibles, en el marco de los compromisos que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional, que estipulan cambios para los primeros meses del año 2027.

En caso de que los precios de los combustibles sean alineados a los del mercado internacional, el sector de transporte anticipa un ajuste inmediato en las tarifas a nivel nacional, lo que podría repercutir en la economía general.

Para el martes 15 de septiembre, se ha convocado una Gran Marcha Nacional de Cacerolas Vacías, liderada por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, que pretende incorporar las demandas de 31 federaciones de maestros. Esta movilización se alza en rechazo a las políticas del Gobierno en áreas económicas, sociales y educativas.

Entre las demandas de los maestros se incluyen el abastecimiento de combustibles, incrementos salariales, la recuperación del poder adquisitivo y la derogación de varios decretos supremos, como los números 5676, 5563 y 5654.

Así, tanto transportistas como maestros se preparan para salir a las calles, generando un nuevo frente de presión sobre el Gobierno, que enfrenta retos significativos debido a la crisis de combustibles y el deterioro del poder adquisitivo de la población.

Demandas conjuntas

• Abastecimiento de carburantes
• Incremento salarial
• Recuperación del poder adquisitivo
• Abrogación de los decretos 5676, 5563 y 5654

Las movilizaciones previstas reflejan una creciente insatisfacción popular y una demanda de respuestas claras y efectivas frente a las dificultades económicas que atraviesa el país.