Yapacaní se prepara para protestas ante el aumento del diésel
En la madrugada de este martes, un considerable número de efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas partió desde el Comando Departamental de Santa Cruz hacia Yapacaní. Esta movilización se da tras el anuncio de un bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba, en respuesta al Decreto Supremo 5676, que regula el precio del diésel para los grandes consumidores.
El despliegue incluyó camiones del Ejército y vehículos policiales, que salieron en las primeras horas del día. Sin embargo, hasta ahora no se ha brindado información oficial sobre el número de efectivos involucrados ni sobre las acciones específicas que llevarán a cabo en la localidad.
Los interculturales de Yapacaní han programado el bloqueo de la carretera a partir de las 10:00, manifestando su rechazo al decreto que impone un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel. Diversos sectores productivos de la región han anticipado la posibilidad de realizar movilizaciones adicionales, incluyendo bloqueos escalonados en la misma vía.
Productores de diferentes municipios, como San Juan, San Carlos y Montero, ya han llevado a cabo marchas y otras manifestaciones para exigir la derogación de la norma. La medida ha sido criticada por su impacto en el costo de los insumos y ha suscitado preocupaciones sobre la ya crítica situación que atraviesa el sector agrícola debido a la escasez de combustible.
La situación se agrava para los agricultores de Yapacaní, quienes han sido afectados por recientes inundaciones que destruyeron más de 4.000 hectáreas de cultivos de soya, arroz y otros productos. El aumento en el precio del diésel, según ellos, incrementaría aún más sus costos de producción, profundizando la crisis económica que enfrenta el sector.
"Si la normativa no es abrogada, advertimos con movilizaciones para exigir la renuncia del presidente", afirmaron los interculturales de Yapacaní.
La inminente protesta en Yapacaní se enmarca en un contexto de creciente descontento entre los productores, quienes ven en el nuevo decreto un obstáculo para su sostenibilidad y desarrollo.